La crisis generada por el COVID-19 está teniendo graves estragos en la economía mundial y México no es la excepción, analistas estiman el retroceso en más de 25% del PIB para este trimestre y 8% acumulado al cierre del año pensando en una recuperación en el último trimestre.
Todos los sectores se verán afectados. En el sector petrolero mundial, debido a la enorme disminución de la actividad en general, el almacenamiento está cerca de llegar a su límite, y la refinación ha caído a niveles de 2017, al ser más afectados los productores de petróleos pesados como es el caso de nuestro país.
La baja del precio internacional del crudo a menos de 30 dólares por barril (USD/b) puede significar una disminución de los ingresos petroleros a nivel mundial entre 50 y 80% comparado con 2019. Asimismo, los márgenes de la refinación podrían llegar a ser negativos.
El sector eléctrico, al igual experimenta una importante disminución de la demanda, al desactivar grandes industrias y consumidores.
Ante este panorama, el tiempo y las condiciones son inciertas con la nueva “normalidad” económica en el planeta, pero tenemos que pensar que los capitales serán más escasos y las circunstancias para su captación diferentes, por lo que los estados, a través de sus facultades de autonomía, podrían generar incentivos adecuados.
En consecuencia, los estados deben crear instrumentos y vehículos legales y administrativos que puedan aprovechar dependiendo de sus condiciones para generar confianza y estímulos adecuados para atraer inversiones. Podrían participar:
Como actor económico, tomar el rol de inversionista, offtaker o intermediario, brindando seguridad a los participantes en los proyectos.
Como intermediario social, otorgando por un lado, certidumbre para la continuidad de proyectos (Constellation Brands o los ductos de TransCanada) y por el otro garantizando una contraprestación justa para los pobladores.
Como facilitador, mediante la simplificación de trámites y plazos a nivel estatal y municipal, y mediante una coordinación con la federación, al no requerir gestores “especializados”.
Al igual, vinculando al sector productivo local y al educativo, incentivando a las industrias medianas y pequeñas a participar y fungiendo como una fuente de información confiable.
De todo esto trata el modelo de Federalismo Energético Sustentable, del cual detallaré los instrumentos que ya son una realidad en varios estados del país. [nota_relacionada id=957303]
POR JORGE LAVALLE
SOCIO DEL DESPACHO ACCURACY LEGAL AND CONSULTING
@JLAVALLEMAURY
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