La imagen del Presidente conviviendo con la madre de uno de los mayores criminales de la historia no es menor. El hecho de que, meses atrás, su gobierno haya negociado la liberación del hijo del mismo capo y mantenga una postura conciliadora con su organización criminal, enciende alarmas. Las acciones de AMLO llevan a cuestionar la estrategia tomada frente a los cárteles y frente al de Sinaloa.
La conclusión inmediata podría ser que existe un pacto entre el gobierno y la organización que fundó El Chapo Guzmán. En caso de que así fuera, aunque no inédito, estaríamos hablando de un asunto de gran magnitud por los involucrados y la apertura del acercamiento. Lo anterior conllevaría enormes riesgos, pero podría ser una intención de equilibrar el mapa criminal y reducir la violencia.
Sin embargo, ante lo burdo de los acontecimientos, me inclino por una hipótesis más acorde con lo que hemos visto de este gobierno: el acercamiento es producto del voluntarismo, la imprudencia y la falta de sentido estratégico del Presidente.
Es evidente que AMLO tiene una inclinación poco represiva hacia el crimen organizado y que, en su cálculo, ésta será correspondida por una reducción de la violencia criminal. Apuesta por abordar esta problemática como lo ha hecho con muchas otras: con buena voluntad, convencimiento moral y lógicas no institucionales. La tregua con el Cártel de Sinaloa, más que una política acordada desde instituciones del Estado, sería una serie de decisiones unipersonales y voluntaristas del Presidente.
El problema es que estos actos incidentales pueden ser interpretados de otra forma. En primer lugar, en el interior del Cártel de Sinaloa pueden asumir que la tregua existe en el más alto nivel y que hay luz verde para continuar actividades criminales sin restricción. En las fuerzas de seguridad se estarían recibiendo mensajes encontrados y habría confusión sobre las acciones que deben o no tomar frente a esta organización criminal. Esto también puede generar descontento interno. Otras organizaciones criminales, como las que disputan el control del Pacífico del país, también reciben un mensaje: para ellos, el gobierno ha inclinado la balanza hacia la familia de El Chapo. Su reacción racional sería prepararse (armarse) e incluso intensificar sus ataques hacia las instituciones federales, mismas que estarían desprevenidas.
En materia internacional esto puede minar la confianza de aliados de México —como Estados Unidos— que exigen de nuestro país un compromiso en el combate al crimen organizado transnacional y, ante tan evidentes hechos, podría desatarse una crisis diplomática. Si el acercamiento de AMLO con el Cártel de Sinaloa ha sido incidental y no parte de una estrategia calculada, se corren riesgos de observar inconsistencias en el interior del gobierno y afrontar consecuencias no esperadas desde el exterior.
López Obrador es el jefe del Estado mexicano por lo que sus acciones son percibidas como policías de Estado. Más vale que los movimientos que realice en materia de crimen organizado sean bien reflexionados y acordados con su gabinete de seguridad o generarán mayores problemas de los que con su buena voluntad pretende resolver.
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POR CARLOS MATIENZO
MAESTRO EN SEGURIDAD INTERNACIONAL
POR LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA
@CMATIENZO
lctl