A pesar de la emergencia oficial sanitaria que se vive en el país por la propagación del COVID-19, algunos empresarios han querido aprovechar la situación y hacer negocios que dejan mucho que desear.
En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a cargo de Zoé Robledo, diversos proveedores han insistido en ofertar cartuchos marca Lexmark, aún cuando pondrían en riesgo la calidad de la impresión de estudios clínicos y recetas.
Le explico, este miércoles 8 de abril se dará a conocer al encargado de proveer los insumos en la Delegación Guanajuato del IMSS, a cargo de Marco Antonio Hernández Carrillo, no obstante, un grupo de contratistas, presuntamente comandadas por Jesús Lorenzo Bujaidar Blackaller, no se apegaron a los requisitos de la licitación LA-050GYR027-E55-2020, misma que ronda los 18 millones de pesos.
Resulta que, en el proceso se dejó claro que los tóneres o consumibles deben ser totalmente nuevos, pero el pasado 2 de abril, firmas como AP Química Industrial y Soluciones Elsa presentaron propuestas en las que recurrieron a Lexmark, la cual ha quedado expuesta en otras delegaciones del IMSS por no entregar productos con esta característica.
Fue en febrero pasado cuando se descubrió que la fabricante, al mando de Isaac Bessudo, entrega cartuchos remanufacturados, rellenados o reciclados a sobreprecios de hasta 70 por ciento. El hallazgo quedó a título de la Delegación Tamaulipas del IMSS.
Sin embargo, las investigaciones provocaron que el fallo se difiriera en cinco ocasiones, y al final el proceso fue declarado desierto.
Así, se espera que en cada latitud del país las delegaciones del Instituto tomen en cuenta los estudios previamente realizados para dar celeridad a la adquisición de los cartuchos, ahora tan importantes para el diagnóstico oportuno y tratamiento de millones de pacientes.
También hay que tomar en cuenta el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador para cuidar los recursos al máximo, y no aceptar gato por liebre.
Hablando del IMSS, la distribuidora de medicamentos Marzam, que dirige José Alberto Peña, pasó un trago amargo en el sexenio pasado con la institución, por ahora pese a que tiene intenciones de crecer su negocio en el sector público se irán con precaución; Mexicanos Contra la Corrupción acusó a la empresa de obtener contratos a través de Héctor Doporto, consejero técnico del IMSS e hijo del dueño de la distribuidora.
A un año de esa acusación, aseguran que fue un proceso “triste”, porque en 2016 vendió poco más de 500 millones de pesos, que representaban 0.7 por ciento de las compras del seguro social, por lo que descarta que haya habido cierto favoritismo.
Lo que si es real es que por ahora se van a concentrar en surtir 100 por ciento de los medicamentos en sus 26 mil farmacias por todo el país, porque muchos de éstos establecimientos es en donde llegan trabajadores de Pemex que van y surten su receta médica, concesión que tienen desde hace un par de años. [nota_relacionada id=954711]
POR ENGGE CHAVARRÍA
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