Hace unos días presenté con René Juárez Cisneros, coordinador de mi grupo parlamentario, un punto de acuerdo para que el gobierno federal alinee los criterios que deben tomar las administraciones estatales y municipales a fin de mitigar los daños a nuestra economía como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Hoy, que estamos ya en emergencia nacional, toma mayor relevancia.
Previo a que iniciara el contagio del llamado coronavirus en México, el (PIB) había decrecido 0.1%; en enero pasado el Indicador Global de la Actividad Económica del Inegi registraba una disminución real de menos 0.7% y este lunes la mezcla mexicana de petróleo cerró con una pérdida de 20.29%, para venderse en 10.37 dólares por barril, un mínimo histórico. Es decir, estábamos ya al borde de la crisis por decisiones de política interna erráticas, jamás basadas en el escenario externo.
Si a eso sumamos la necesidad de detener las actividades productivas y económicas, la consecuencia es una afectación directa y severa a la economía del país; por eso necesitamos urgentemente respaldar a los hogares mexicanos; sumando esfuerzos garantizaremos la continuidad en la producción y distribución de alimentos, bienes y servicios.
Si bien hay un llamado a mantenernos en casa, hay millones que no pueden guardar la cuarentena, ni siquiera poco tiempo, porque viven al día, porque si no trabajan, no comen. Por ellos es que trabajamos y urgimos a aplicar acciones.
Igual de importante resulta la solicitud de mi compañera Dulce María Sauri Riancho, a la que me he sumado, para que las diversas dependencias y entidades federales, responsables de instrumentar las medidas contingentes de respuesta al COVID-19, hagan públicos elementos que precisen el alcance de las acciones del gobierno federal en este tema, pero sobre todo que se garanticen, sí o sí, el equipo y lo necesario para su labor al personal médico y de salud, los verdaderos guerreros en esta lucha.
El dicho, al cual recientemente se refirió el Presidente, reza que las cuentas claras y el chocolate espeso; por eso, es urgente que pese a la contingencia se nos informe a todos los mexicanos, por ejemplo, en referencia a la expedición del decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en materia de salubridad, mediante el cual se autorizan compras sin llevar a cabo el procedimiento legal de licitación pública, no importando el monto de las contrataciones; podría considerarse que el decreto puede convertirse en un tipo de “requisa de facto” de los servicios médicos privados.
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La declaratoria de la Emergencia Nacional también dejó mucho que desear como marco jurídico, creando dudas en su instrumentación. Parece que entonces sí tiene ciencia gobernar. De ésta, saldremos adelante, porque somos un gran país. Unidos lo vamos a lograr.
POR ANILÚ INGRAM VALLINES
DIPUTADA FEDERAL
@ANILUINGRAM
lctl