Si no eres víctima del coronavirus, podrías ser víctima de la delincuencia, ese puede ser el mensaje tras el anuncio de que los recursos destinados para apoyar la seguridad de estados y municipios serán utilizados para hacer frente a la emergencia sanitaria en las áreas de seguridad, pero desde otra perspectiva (protección física del personal operativo).
El monto de dichos recursos ronda los 11 mil 400 millones de pesos y proviene del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) que la federación entrega anualmente a los estados y del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) que otorga a los Municipios y Alcaldías con mayor población e incidencia delictiva, anteriormente conocido como SUBSEMUN, que dicho sea de paso fue puesto en marcha en el sexenio de Felipe Calderón.
Las afectaciones que traerá consigo esta medida serán en la profesionalización de las personas que forman parte de las instituciones estatales y municipales encargadas de la seguridad pública, en particular para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, así como para el equipamiento, construcción de infraestructura física e implementación de bases de datos con fines de seguridad pública.
Este anuncio complementa lo informado hace algunos días en el sentido de que la Guardia Nacional y policías estatales vigilarán hospitales, para evitar que haya desorden o algún tipo de agresión a médicos y demás trabajadores de la salud. Además, la GN se encargará de resguardar el traslado de insumos médicos y apoyar las labores de protección civil.
La acumulación de tareas para la GN y las policías de los estados y municipios, aunada al uso de recursos económicos que de otra forma serían destinados al reclutamiento, selección, formación e ingreso de nuevos elementos, permite adelantar que la incidencia delictiva podría incrementarse en los próximos meses, ya que el estado de fuerza de dichas corporaciones es finito y no alcanzará para cubrir todas las áreas y tareas prioritarias.
En particular podrían aumentar el robo a transportista, que implica una afectación al abasto de mercancías, así como el homicidio doloso, que todo parece indicar que al cierre de marzo acumulará más víctimas que ningún otro mes de la presente administración.
Otros delitos que tentativamente registrarán un incremento durante los meses que dure la emergencia sanitaria, porque lo más seguro es que no sea solo abril sino también mayo, serán las lesiones, violencia familiar, acoso sexual y eventualmente robo de autopartes y de vehículo, algo que no había sucedido desde 2018, cuando comenzó a registrarse un descenso sostenido en el número de automóviles robados.
Un aspecto no menos importante y que también será afectado con este cambio de prioridades será la depuración de las policías estatales y municipales, ya que no habrá recursos suficientes para las evaluaciones de control de confianza y menos aún para indemnizar a las personas que causen baja, ya que no se les pueden violentar sus derechos laborales una vez que se determina que ya no son aptos para el servicio.
En síntesis, si suben algunos delitos y no se alcanza el tan anhelado punto de inflexión en homicidio doloso, esto ya no será problema; la crisis por el coronavirus justifica todo. [nota_relacionada id=967061]
POR FACUNDO ROSAS
EXCOMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL
eadp
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