La insistencia de López Obrador a no posponer el pago de impuestos y de contribuciones al seguro social por parte de los pequeños y medianos empresarios, además de que mantengan a sus empleados lo que dure la emergencia, está convirtiéndose en un suicidio para miles de PYMES (comercios, servicios e industrias) en nuestro país. Simplemente no tienen la capacidad económica y financiera para poder enfrentar tantas erogaciones sin registrar entradas durante un mes, menos aún si la situación se alarga.
Para evitar subjetividades, pondré un ejemplo extranjero: Lufthansa, considerada como una de las líneas aéreas más importantes (y sólidas económicamente hablando) del mundo, está recibiendo apoyo económico de su gobierno desde mediados de marzo, pues de otra forma no podría hacer frente a mantener a todos sus empleados y sus costos fijos sin quebrar. Obviamente nadie ha pensado que están aprovechándose del gobierno de Ángela Merkel o que las medidas que ella ha aceptado sean sinónimo de corrupción. Tan solo se ha desplegado la actuación de un binomio empresa-gobierno para salir adelante y que las personas no pierdan su trabajo.
Ante la negativa de López Obrador de alterar su estrategia económica ha comenzado ya a verterse una cascada de amparos en México contra el pago de impuestos, rebelándose así al Servicio de Administración Tributaria. El pensamiento de muchos empresarios es primero defender a sus empleados y sus intereses, dejando para luego el enfrentar a la oficina recaudadora de impuestos.
Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, tomó como escudo a los empresarios de su estado para exigir al gobierno central un nuevo pacto fiscal federal. Aduciendo que él les apoya, ha anunciado que su gobierno tampoco puede pagar los impuestos que se recaudan en esa entidad federativa y que están destinados a la federación. No resulta adecuado que el funcionario tome a su empresariado local como parapeto; sí, en cambio, que trabajen de la mano para influir y presionar para que el ejecutivo federal entienda los costos en personas y en aumento de pobres que tendrá a corto plazo el no posponer el pago de contribuciones.
Urge que empresarios y gobiernos estatales trabajen de manera conjunta, pero también de forma responsable, para que el gobierno central entienda la urgente necesidad de posponer el cobro de impuestos y al mismo tiempo poder generar una estrategia en conjunto para apoyar a las PYMES y de forma paralela a sus empleados.
Hasta ahora, la cerrazón de López Obrador a escuchar a los gobernadores, al CCE, a la Canacintra y otros entes empresariales solo ha logrado que muchas empresas PYME decidan cerrar ya, en lugar de enfrentar las posibles pérdidas que significaría sostenerse fiscalmente activos. Es necesario que empresas de todos los tamaños y los gobiernos estatales se comprometan a trabajar de forma conjunta para presentar al presidente López Obrador un plan estratégico para rescatar a las PYMES y apoyar a otras empresas para que no quiebren. Evidentemente eso no significa rescatar a las que ya estaban por cerrar o quebradas antes de la pandemia.
Otra forma legal de protestar es ampararse contra el pago de impuestos, y esperar a que pase la crisis del COVID. El propio AMLO, siendo candidato, no pocas veces invitó al ciudadano de a pie y a las empresas a no pagar servicios (luz, agua, etc.) o impuestos. Y dado que él dice que sostiene lo que dice, ahora le tocaría respetar lo que promovió siendo candidato.
Está de más ahondar en la discusión en torno a la bravata del primer mandatario en el sentido de que si mandó o no una carta al representante del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, con el nombre de 15 grandes deudores al fisco. Andrés Manuel es el presidente y él debe dar la orden al SAT de que les cobre a los deudores multimillonarios y se posponga el pago de impuestos a las PYMES. Se requiere al López Obrador candidato que ante estas necesidades hubiera vilipendiado el posicionamiento del Andrés Manuel presidente.
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM
@MALOGUZMANVERO
eadp
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