Las cifras son contundentes. El crimen no tiene cuarentena y marzo terminó como el mes más violento en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La noticia fue eclipsada por la pandemia del COVID-19, pero en lo que nos preparábamos para quedarnos en casa, en el país ocurrían, en promedio, 83 homicidios dolosos. En el tercer mes de 2020 se contabilizaron en total 2 mil 585 homicidios. Diez veces más que las víctimas que ha cobrado el coronavirus.
Estos números fueron divulgados en un informe de seguridad que el gobierno federal publica todos los días a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De acuerdo a este informe, Guanajuato fue el estado más violento, con un promedio de 10 crímenes por día, seguido por el Estado de México, donde matan a nueve.
En febrero del año pasado, el secretario Alfonso Durazo presentó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Es un documento de ocho puntos elaborado a partir del diagnóstico que se hizo al arranque de la administración, donde se dejaba de lado la confrontación directa con los grupos delincuenciales, eliminando la “visión neoliberal” de que “la fuerza lo resuelve todo”, y donde se atendían “las causas que originan la violencia”. Pero la realidad ha cambiado y quizá es hora de irlo ajustando.
El punto número dos del plan se fincaba en “Garantizar empleo, educación, salud y bienestar”. Mencionaba que “la generación de fuentes de empleo, el cumplimiento al derecho a la educación, la inversión en salud y programas de desarrollo económico atacarán las causas profundas del auge delictivo, reducirán la base social que haya podido generar la criminalidad y restablecerán la confianza de los individuos en el colectivo”.
Se esperaba que con la reducción de la pobreza disminuyeran los delitos. La disminución, no obstante, ha sido marginal.
En su informe del domingo, el Presidente reconoció que en materia de seguridad las cosas no van como lo habían planeado. Los homicidios se han reducido apenas en 0.3 por ciento desde la implementación de la estrategia.
Luego llegaron las cifras de desempleo. La Secretaría del Trabajo detectó que a partir del 13 de marzo ocurrió una caída de empleo formal. En total, dejaron de tener trabajo 346 mil 878 personas. La Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo, Edomex y Tamaulipas fueron las entidades que abonaron más de la mitad de los desempleados. Y esto es apenas el inicio.
Es obvio que el punto número 2 de la estrategia está naufragando. Las secretarías de Seguridad estatales ya tienen presupuestado un incremento en delitos del fuero común ante la falta de fuentes formales de empleo.
Es hora de ser más audaces para no cederle más terreno a la criminalidad, la cual se nutre de la necesidad de ingreso de miles de personas. Por eso hoy más que nunca es urgente dejar de lado las diferencias políticas. No se puede permitir que las vidas salvadas al COVID-19 sean arrebatadas por la inseguridad. ¿Seremos capaces? [nota_relacionada id=965065]
POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ
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