Las contradicciones y las medias verdades no son atribuibles al Coronavirus. Me refiero a las compras directas sin licitación o concurso de por medio, a las adquisiciones a sobreprecio y al endeudamiento disfrazado de negociaciones en lo oscurito, igual a como se hacía en los viejos tiempos. Todo ello se han vuelto constante en el gobierno —ya no tan joven— de la Cuarta Transformación. Sí, ya transcurrió el 22% del sexenio y los “errores” en lugar de disminuir se agudizan.
Al estilo de la lista de los “periodistas chayoteros” —que resultó ser una relación incompleta de los directivos de empresas de medios que vendieron publicidad oficial al gobierno peñista de manera completamente legal—, Andrés Manuel ahora clama que si grandes deudores pagaran lo que deben en impuestos se podrían multiplicar los créditos a las PYMES.
Primero que nada: ¿estamos hablando de evasores fiscales, de deudores, de procesos en disputa, o ni siquiera eso? En todo caso, es labor del SAT cobrarles conforme a normatividad, sin omitir anunciar que ni siquiera eso cuando de trata de casos que están siendo disputados en tribunales; es competencia del Poder Judicial aplicar lo que se resuelva.
Por lo pronto, repito, igual a como sucedió con la exhibición de un puñado de dueños de medios informativos, esta nueva lista ni aparece ni hasta ayer temprano —según se informó— le había sido entregada al dirigente del CCE, Carlos Salazar.
Lo que sí es verdad, y nos consta, son los gastos superfluos e innecesarios que ha realizado este gobierno federal. De no haberse incurrido en ellos, tendríamos un colchón nada despreciable para afrontar la pandemia.
Vale la pena hacer un rápido recuento —que no lista exhaustiva— de algunos gastos realizados por la 4T que hoy nos hubiera caído de maravilla no haber comprometido.
La cancelación del NAIM. Ya chale, dirán ustedes. Si insisto en mencionarlo es porque aún no se ha terminado de pagar; uno de los fideicomisos “orgánicos” —es decir, que no podrá expropiar este régimen— se sigue utilizando para pagar los bonos cancelados (vía ingresos del TUA). Lo pagado supera los 105 mil millones de pesos (julio 2019), y haberlo terminado (con creación de empleos) ascendía a 100 mil millones.
La compra de las 571 pipas para Pemex en 85 millones de dólares. Por demás decir que fue una operación directa y realizada en el extranjero. A los industriales mexicanos que las fabrican ni siquiera les pidieron cotizaciones. Por cierto, es fecha que todavía no se rinden cuentas sobre las mismas.
El costo de mantener el avión presidencial en California (sí, allá sigue) ha superado los 10 millones de pesos. Ya se podría tener guardado en el hangar de la SEDENA.
Cambiar los nombres a Banco de Bienestar, Secretaría de Bienestar y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural costó 49 millones de pesos. Y eso que en el caso del banco faltan aún remodelar y publicitar el 35% de las “sedes”. Por supuesto, de los 12 contratos para realizar los cambios de imagen solo uno fue mediante licitación, los otros 11 se designaron por adjudicación directa.
Regalar dinero a países centroamericanos (tan solo en el 2019 se entregaron 90 millones de dólares) o gastar la mitad del fondo para contingencias económicas en un año en que no las hubo. Y podríamos seguir...
Así, la realidad es que hoy podemos decir que ese dinero, que aparentemente los grandes deudores no han pagado al SAT, al menos no se ha esfumado en gastos, que nadie entiende, realizados por la 4T. [nota_relacionada id=963850]
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
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