¿Qué clase de sociedad no protege a la infancia? ¿Qué clase de personas violan, asesinan, mutilan, queman y torturan a menores de edad?
¿Quién permite que sean testigos de esas atrocidades?
Sin ser simplista, una de las razones de estas inconcebibles actividades está en el modelo neoliberal que heredamos de administraciones priistas y panistas, las cuales privilegiaron la sobreexplotación de personas y recursos del país, provocando la descomposición del tejido social, una profunda pérdida de valores en la sociedad y el desmantelamiento de instituciones.
El resultado, al menos 4.4 millones de mexicanas de 15 años y más sufrieron abuso sexual en su infancia, y los principales violadores están en sus propios hogares: tíos y primos.
Por ello, cargamos con el humillante primer lugar mundial en abuso sexual infantil, violencia física y homicidio en menores de 14 años.
Diversos expertos coinciden en que esta situación es producto del fracaso de las estrategias de seguridad en los mandatos de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña.
Durante el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, hubo en total mil 463 asesinatos de menores de edad, tres diarios, a los que se suman más de seis mil 600 niñas, niños y adolescentes enlistados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad, de los años 2012 a 2018. Además, alrededor de 45 mil niños, niñas y adolescentes revelaron ser obligados a formar parte de grupos criminales, en la Encuesta Infantil y Juvenil, realizada por el INE en 2015.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aproximadamente unos 30 mil niños, niñas y adolescentes han sido cooptados por grupos criminales.
De diciembre de 2006 a abril de 2010 —en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa—, oficialmente 36 mil 600 niñas y niños fueron detenidos en operativos federales. Son los “niños sicarios” que ahora son tan tristemente populares en internet.
Y cuando se enfrentan a la justicia, estos grupos delictivos y vulnerables son nuevamente discriminados por un Estado patriarcal.
En promedio, una mujer puede recibir sentencias de 23 años por cometer delitos graves, cuando los hombres reciben, en promedio, condenas de a partir de 17 años.
Y si a una mujer su defensa le cuesta unos 155 mil pesos, un hombre paga, en promedio, 100 mil pesos.
El desmantelamiento de las instituciones es producto del neoliberalismo, al igual que las condiciones sociales y culturales en la que se basa el machismo y la misoginia.
Si le sumamos la impunidad y la desigualdad que sufrimos las mujeres, tenemos una sociedad capaz de normalizar el asesinato sistemático de niñas, niños, jóvenes y mujeres.
Fallamos brutalmente como sociedad… ¡que ardan los monumentos! [nota_relacionada id=892429]
POR CIRCE CAMACHO BASTIDA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, EN LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
@CAMACHOCIRCE
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