En medio de la incertidumbre causada por la diseminación del coronavirus (COVID-19), han pasado a un segundo plano los problemas que aquejan al sistema de salud del país. Independientemente de las carencias que se ven en el sector público y el problema financiero de las instituciones gubernamentales, pocos se han puesto a pensar en los verdaderos conflictos que enfrentan los millones de ciudadanos que no tienen acceso a ningún sistema de salud público. Se ha hablado mucho del gasto de bolsillo, pero pocos se ponen a pensar que éste es verdaderamente un problema grave porque –aunado al dinero que deben desembolsar los jefes de familia– no existen todavía protocolos en cuanto a qué sí es importante y qué no en la atención de un caso. Tanto en una clínica se les puede pedir un estudio para una cirugía de apendicitis, como en otro hospital hasta siete estudios y todos, claro, con costos variados. Además, en este país no existe el expediente clínico de los ciudadanos. Así es que cada vez que se llega con un médico hay que volver a empezar y esto, aunque no se ve, representa un altísimo riesgo para los pacientes pues en un tratamiento dado a un paciente se le pudo detectar una alergia o una condición médica que, al acudir con otro médico, de la misma o diferente especialidad, no se sabrá, lo que implica la posibilidad de tener contingencias no evidentes. Todo ello, por lo demás, se traduce no sólo en gastos para las familias, sino también para el resto del sistema de salud. Una enfermedad que se desarrolla tanto por automedicación como por medicación o tratamiento inadecuado, representa millones de pesos en gastos posteriores que, muchas veces, termina recibiendo el sector público ya en emergencias. Urge tomar medidas sobre ello.
ABASTO DEL POLLO
El sector primario e industrial del sector cárnico cuenta con los recursos suficientes y la coordinación logística necesaria para mantener el abasto durante la contingencia sanitaria. Esta semana hubo un incremento en de precios en la tortilla, huevo y pollo, en el caso de este último podemos apreciar una clara tendencia al alza. La Profeco, de Ricardo Sheffield, señaló recientemente que el precio de la pechuga de pollo se ha incrementado de manera constante desde diciembre de 2019, alcanzando los 141 pesos por kilogramo. Esto se debe a la combinación de la estacionalidad en la producción y al término del cupo de pollo autorizado por la Secretaría de Economía. La gran pregunta será que medidas implementará la dependencia que comanda Graciela Márquez para evitar el alza de precios, en algunos casos relacionada con la especulación y la suspicacia de algunos comerciantes; y en el caso del pollo por la falta de autorización de cupos de importación. De acuerdo al Inegi de Julio A. Santaella, el consumo de pollo al año en nuestro país es de más de 4.5 millones de toneladas.
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POR JAIME NÚÑEZ
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