México en los últimos años ha trasegado por el camino de diversas reformas en materia de procuración e impartición de justicia, donde sin lugar a dudas, la persona en calidad de víctima y ofendida, ha ido logrando un camino de reivindicación, pero lamentablemente y en términos prácticos, algo lento, en comparación con la velocidad y la intensidad con la que ocurren el crimen y la impunidad como respuesta en algunos casos.
Así las cosas, el panorama de los derechos y garantías de quienes resienten el daño y/o son titulares de algún bien jurídico tutelado, han estado rezagados entre formalismos e inoperancia en las investigaciones y juzgamiento de los delitos.
En el año 2008 se produjo un cambio constitucional para implementar al actual sistema acusatorio y adversarial y, en el año 2016 se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales con un gran avance para quienes ocupan el lugar del inculpado en el proceso, llámese imputado y luego en el juicio, acusado, promueve este sistema, un equilibrio procesal de mano de la víctima y del ofendido, acompañados del asesor jurídico, en condiciones de equidad para el logro eficaz de una justicia pronta y expedita, como pilar fundamental de la convivencia pacífica que reclama actualmente el país.
Lo anterior, aplicado a la calidad de persona víctima u ofendida del delito tratándose de mujeres, dadas las actuales circunstancias del país, en donde son evidentes diversos tipos de violencia, que atentan contra la integridad, la vida y la dignidad de las mujeres, es de especial atención, y es preciso también que sea tomado en consideración como un primer renglón.
Si hablamos de cifras, el integrar las carpetas teniendo siempre en cuenta la naturaleza de los delitos cometidos en contra de las mujeres por el hecho de serlo y con observancia de protocolos de actuación, en aras de legitimar los actos de investigación, soporte de las fiscalías en su trabajo, es lo que puede asegurar que los jueces, al momento de resolver, cuenten con información debidamente soportada, lo que deviene entonces, en una verdadera y pronta justicia para quienes sufren la violencia y sus familias.
La eficacia de ello se traduce en tranquilidad ciudadana, certeza de que por las calles no transiten culpables, y que las cárceles no se colmen de inocentes. Que a las mujeres violentadas y a su núcleo familiar se les brinde atención y seguimiento sensible y con empatía de inicio a fin para lograr una reparación integral en un escenario de respeto profundo de sus derechos, acudiendo los ministerios públicos, al apoyo profesional de peritos que independientes a los de la investigación del delito, permitan establecer la cuantificación base de la reparación del daño.
Además, que se eviten las demoras injustificadas para esclarecer hechos, y que finalmente, las mujeres se sientan seguras en México.
[nota_relacionada id=931187]POR JESÚS VALENCIA
TITULAR DE ESTRATEGIA PARA LA PAZ CON ENTIDADES DE LA SSYPC
@VALENCIA_GUZMAN
eadp