Los analistas coinciden: pese a que muchas personas perderán la vida o verán afectada su salud, muchas más sufrirán por los efectos económicos del COVID-19: cierre de negocios, falta de clientes, disminución de ingresos y desempleo. Esta menor actividad económica y consumo reducirá también los ingresos públicos.
El COVID-19 coincide con una disminución en los precios del petróleo que afecta las finanzas mexicanas. La recesión económica global nos impactará, pues 37% de nuestra economía está orientada al sector exportador.
Nuestra moneda se ha desplomado a niveles que llegaron a 25 pesos por dólar, afectando planes de endeudamiento, consumo e inversión.
En 2019 y lo que va de 2020 el gobierno redujo el gasto y aumentó el subejercicio; canceló proyectos como el NAIM, subastas energéticas y una planta cervecera, con lo que ahuyentó la inversión; derrochó millones
en obras que incluso perderán dinero (como la refinería de Dos Bocas) para lo cual se le quitaron recursos a Salud. Se gastó 60% del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.
Esto ha tenido resultados catastróficos: en 2019 el PIB decreció -0.1%, y analistas predicen que en 2020 podría desplomarse hasta a -5%; la inversión fija se contrajo 4.9%, las exportaciones petroleras se redujeron 15% y el empleo formal creció mínimamente.
El gobierno actuó tarde y mal. Francia, por ejemplo, anunció un paquete de ayuda económica por 50.2 mil millones de dólares y suspenderá el cobro de rentas, pagos de luz, agua y gas. Chile aprobó un estímulo que equivale al 4.7% de su PIB. Varias naciones han tomado medidas similares.
En México las autoridades están en negación.
Como legislador, solicité acciones al gobierno capitalino, que Morena y sus aliados rechazaron en el Congreso. El gobierno local se dio cuenta de que habrá crisis, pero debe incrementar sus acciones.
Propongo un Pacto de Corresponsabilidad Económica, en respaldo a micro, pequeñas y medianas empresas para garantizar el pago a trabajadores, mediante apoyos como subsidios, créditos y estímulos fiscales en la pandemia.
El pago de derechos de locatarios de mercados debe suspenderse. Para quienes están en la economía informal, como las trabajadoras del hogar, debe expandirse el seguro de desempleo.
Para ciudadanos deben aprobarse prórrogas para el pago de impuestos y servicios, a fin de ayudar a la economía y mantener el consumo. Para jefas o jefes del hogar a cargo de menores de 5 años hay que aprobar un paquete de apoyos. Y a los adultos mayores se les debe incrementar la pensión.
Es un momento para, desde el gobierno, actuar con responsabilidad y visión de Estado.
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Con el bienestar de la gente en mente, no con cálculos electorales ni de popularidad. Esta pandemia revelará de qué está hecho cada quien.
POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE
DIPUTADO EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
@GUILLERMOLERDO
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