El equipo de Alberto Ortiz Bolaños en el Instituto Fonacot no ha destacado por sus buenos manejos, sino todo lo contrario. Para muestra un botón, la auditoría 04/2019 reveló que el órgano dependiente de la Secretaría del Trabajo, de Luisa María Alcalde, se encuentra en
alto riesgo debido a la violación de al menos 20 leyes y reglamentos con origen en la creación y operación del Fondo de Protección de Pagos (FPP) en agosto pasado, tal como reveló ayer este medio de comunicación.
Pero eso no es todo, ya que dicho Fondo, también genera altas probabilidades de que sus recursos sean utilizados a discreción y con potencial de opacidad, debido a que ni los lineamientos, ni las Reglas de Operación, establecen mecanismos claros para autorizar las erogaciones que pudieran suscitarse, únicamente estipulan que el dinero acumulado podrá ser utilizado para cubrir los gastos de administración que genere.
“Es importante que se establezcan los controles, funcionarios, tipo de conceptos utilizados para el uso y destino de estos recursos”, precisa el documento.
El caso se agrava al conocer que tanto a la Secretaría de la Función Pública (SFP) como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de Irma Eréndira Sandoval y Juan Pablo Graf, respectivamente, les fueron enviados los resultados de la Auditoría, además que desde el año pasado el Área de Quejas del Órgano Interno de Control requirió los nombres y cargos de los implicados en la creación del Fondo, mediante el expediente 2019/IN- FONACOT/DE68, pero que hasta la fecha no se ha dado a conocer ninguna sanción.
El documento, conformado por el equipo del Auditor Interno, Guillermo Ventura Tello, reveló que la Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, a cargo de Roberto Barrera Rivera, disminuyó las tasas de interés para calcular las aportaciones dirigidas al FPP con un porcentaje menor al presentado por la Subdirección General de Administración de Riesgos.
Además de que podría existir conflicto de intereses, ya que dicha Dirección ha concentrado toda la información referente al FPP sin informar en tiempo y forma a otras áreas, situación que podría mermar la capacidad de respuesta de las mismas.
Ante todos estos factores, la Auditoría recomendó desde enero pasado que dichos riesgos sean eliminados, mitigados y finalmente transferidos, no obstante, nada de ello ha ocurrido. Mientras tanto, el saldo de la cuenta de inversión del Fondo de Protección de Pagos ascendió a 715.6 millones de pesos al cierre de 2019.
LA RUTA DEL DINERO
El peso en caída libre y al iniciar la semana el tipo de cambio interbancario escaló hasta 25.16 pesos, lo que significa una devaluación en lo que va del año de 32 por ciento, por lo que el peso en la crisis del COVID-19 es una de las monedas más golpeadas. [nota_relacionada id=928095]
POR ROGELIO VARELA
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