La parálisis en el sistema de impartición de justicia a nivel nacional está provocando un colapso en miles de litigios que requieren de forma urgente la intervención de juzgadores, por ejemplo en materia mercantil. Cito en términos generales un caso: una resolución dictada en los Estados Unidos, donde sí están trabajando los jueces, necesita ser procesada en un Juzgado de Distrito en la materia, mientras se da la pausa de 30 días el particular que recibió el revés se apresura a esconder sus bienes para evitar el impacto de la decisión que no le favoreció y su contraparte no encuentra un juzgado federal que pueda intervenir para evitarlo, lo que provocará un gran perjuicio económico a un empresa mexicana en un momento particularmente crítico. No hay jurisdicción para este tipo de asuntos.
Otros ejemplos se pueden registrar en las decisiones de algunos consorcios que están mandando a la calle a miles de sus empleados, ante el cierre de sus establecimientos por la contingencia sanitaria. No hay Junta Federal, ni local o jurisdicción laboral que permita el derecho de defensa ante este tipo de arbitrariedades, lo mismo ocurre con quienes fueron remitidos a sus casas, sin goce de sueldo por un mes.
Si bien hay guardias para atender algunos temas de naturaleza penal o familiar, la suspensión de actividades en los juzgados del país será un factor para agudizar el colapso económico. Se están generando miles de incumplimientos de contratos, sin que haya vías para procesarlos.
Es indudable que la pandemia es una causa de fuerza mayor y que el bien a resguardar es la salud de millones de personas para evitar contagios exponenciales que podrían costar miles de vidas como ocurre en países de Europa, encabezados por Italia donde ya se declaró una emergencia nacional. El covid-19 también está provocando una catástrofe en el ámbito laboral y mercantil. Decir el derecho también es una actividad esencial del Estado en esta dramática coyuntura.
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EDICTOS: Procurar el justo medio y hacer excepciones con inteligencia no son virtudes en la burocracia federal, concretamente en el ISSSTE y el IMSS. Hay miles de empleados que no son médicos, ni enfermeras y desarrollan actividades administrativas dentro de centenares de hospitales que se encuentran en un enorme riesgo por padecer enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión que han sido excluidos del grupo más susceptible ante eventuales contagios por coronavirus. Algunos de estos trabajadores son obligados y hasta amenazados para seguir laborando dentro de diversos centros de salud. ¿Señor secretario de Salud Jorge Alcocer, señores directores Zoé Robledo y Luis Antonio Ramírez Pineda, quién tendrá la coherencia y sensibilidad para valorar estos casos?
Hasta el jueves.
[nota_relacionada id=926654]POR ENRIQUE RODRÍGUEZ
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