Hablar hoy sobre el fenómeno de la migración o de la movilidad se ha convertido en un tabú, ya que debido a sus múltiples aristas, puede llegar a herir susceptibilidades, incomodar y confrontar ideologías y retóricas, pero ahora, más que nunca, es necesario poner en evidencia.
Si partimos de la realidad de que México es el segundo país en el mundo donde se originan más personas migrantes, y es caracterizado por ser un país de origen, tránsito, destino y, cada vez en mayor medida, de retorno de personas que deciden emigrar, parece no haber lugar para discursos discriminatorios y xenófobos que permean nuestra sociedad en su mayoría.
Entre enero y noviembre de 2019, un total de 50 mil 621 niñas, niños y adolescentes, acompañados y no acompañados, fueron detenidos, según el Instituto Nacional de Migración.
De ellos, 60 por ciento tiene menos de 11 años de edad, y 67 por ciento ha sido deportado a sus países de origen, principalmente Honduras y Guatemala.
Sin embargo, no hay cifras exactas ni sistemas de información efectivos que permitan contar con elementos acerca del número de niñas, niños y adolescentes que migran, más allá de las cifras que los gobiernos contabilizan, lo que impide vislumbrar de manera eficiente el nivel de vulnerabilidad y de violencia.
Las detenciones, la violencia y el incumplimiento a los derechos de los niños desplazados están siendo tolerados bajo discursos limitativos.
Además, la reciente decisión del Estado mexicano de negar el acceso a organizaciones de la sociedad civil y entidades religiosas a los albergues —que son el principal apoyo de las familias en tránsito—, representa un coto para la protección y vigilancia de los derechos humanos.
Ha existido una tendencia hacia la criminalización de estas movilizaciones que invisibiliza los problemas de raíz en los países centroamericanos, además de todas las formas de violencia que están presentes en su camino y ponen en riesgo su vida.
La lucha sigue pendiente, se deben garantizar las condiciones y las oportunidades para una vida digna en los países de origen, y concretar acciones que protejan a toda persona que ejerza su derecho a emigrar, principalmente niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Es urgente y necesario aplicar todas las leyes y tratados internacionales, como el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, de la Organización de las Naciones Unidas, ratificado en 2018 por más de 150 países, en la ciudad de Marrakech, Marruecos.
A partir del trabajo colaborativo, y la unión de esfuerzos y experiencia entre el actual gobierno y organizaciones de la sociedad civil podría transformarse la situación que ahora vivimos, pues por años han sido las organizaciones de la sociedad civil las que atienden diferentes tipos de población vulnerable, y conocen sus necesidades; por supuesto las personas migrantes son uno de ellos. [nota_relacionada id=921211]
Por: Silvia Novoa Fernández
Directora general para México World Vision, organismo humanitario internacional
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