Una de las grandes bondades de un sistema de pesos y contrapesos, presente en México por medio de un Congreso dividido entre 1997 y 2018, es que una oposición efectiva aplasta los peores instintos del presidente en turno. Al tener que negociar, el partido en el poder modera sus posiciones y, de vez en cuando, se asoma el bien común.
El pacto de impunidad que hizo la administración anterior dio al traste con esos balances. No nada más ejecutó una victoria en la Presidencia, sino que le brindó (por medio del sabotaje) mayorías en ambas Cámaras que nunca debió haber tenido. El resultado es un gobierno que ejecuta, sin recato, una agenda ideológica que destruye cualquier posibilidad de que México tenga un desarrollo económico (y, de hecho, político-social).
Los elementos más insidiosos de la ideología actual son aquellos que tienen que ver con: 1) el sistema de procuración de justicia, 2) el papel del sector privado, particularmente en energía e infraestructura. En el caso de la procuración de justicia, al percibir al victimario como víctima, el gobierno abdica su principal responsabilidad de brindar una mínima seguridad a la sociedad en general. La apabullante impunidad genera incentivos para que haya más y más violencia. El gobierno acaba privilegiando la delincuencia y el país sufre mucho más allá de cualquier vejación económica. Se olvida que la principal razón de ejercer una labor policial y carcelaria es para proteger a la sociedad de sus agresores. Castigar y/o rehabilitar son conceptos que deben ser subordinados al objetivo primordial de protección al inocente.
El segundo es la terrible obsesión por que el gobierno participe en actividades para las cuales es particularmente mal adaptado. La ejecución de actividades que están ligadas con la generación de utilidades depende de visión de rentabilidad (eficiencia), y capacidad técnica (eficacia). Ninguno de los dos caracterizan al gobierno porque la lógica del sector público es el de empatar intereses políticos. Toma decisiones para beneficiar a grupos organizados entorno a sus intereses particulares grupales, no acorde con el bien común. El país en su conjunto siempre pierde.
El caso del T-MEC muestra que, ante una visión contundente y mayoritaria, este gobierno puede adaptarse a lo que el país necesita, no nada más a sus propios prejuicios. Hay un antagonismo ideológico contra la libertad comercial y el intercambio con Estados Unidos que fue vencido por el pragmatismo económico. Pero en todas las demás decisiones, desde el terrorismo fiscal, pasando por la fetichización del sector de los hidrocarburos y el sacrificio de los proyectos más importantes de infraestructura, el debate interno lo ha ganado la insidiosa ideología priista setentera.
Mientras esto siga sucediendo, seguiremos viendo decrecimiento. Y si la economía no crece, todo lo demás: deuda pública, capacidad de respuesta ante demandas sociales, etc, empeorará hasta quebrar al país. El cálculo político actual permite estos errores, pero los daños reales nos irán mermando a todos.
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POR AGUSTÍN BARRIOS GÓMEZ
*PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN IMAGEN DE MÉXICO Y CONDUCTOR DE ADN40 NEWS
@AGUSTINBARRIOSG
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