Ayer, en su sermón mañanero, el Presidente mostró una de sus facetas más conservadoras. Destrozándole el corazón a compañeros de viaje que creyeron que este gobierno impulsaría una política de drogas moderna, declaró que sólo contemplaría la legalización de la mariguana “con propósitos médicos, con propósitos de salud”.
Independientemente de la homilía diaria, que todos ya sabemos no es más que el conjunto de ocurrencias del día, algo muy grave está sucediendo con la regulación de la cannabis. Por mandato de la SCJN, el Poder Legislativo está obligado a publicar a más tardar el 30 de abril la regulación para la venta y consumo de mariguana. El dictamen de ley presentado por el senador por Hidalgo de Morena, Julio Menchaca, parece que fue preparado por las trasnacionales canadienses dedicadas a la industria cannábica. Al grado que en la primera versión había párrafos en inglés.
Lisa Sánchez, de MUCD, ha señalado que no sólo perpetuaría el régimen punitivo, sino que impondría una carga adicional sobre un sistema de justicia que ya se encuentra rebasado. No modificaría el Código Penal, la mariguana formalmente seguirá estando penalizada, poniendo en una situación de riesgo a los consumidores. Crearía un marco regulatorio muy complejo que no sólo no desahogaría el sistema de justicia, una de las motivaciones detrás de la legalización de la mariguana, sino que seguiría desperdiciando recursos públicos para implementar un mercado mal regulado.
Como lo ha advertido Alejandro Madrazo, la propuesta que está sobre la mesa, y que tiene amplias posibilidades de ser aprobada, podría ser peor que la política prohibicionista actual. Los requerimientos impuestos por esta ley crean barreras de entrada que de facto excluyen y marginan del mercado a todos los productores y agricultores mexicanos. La exigencia de comprobar el origen legal de la semilla obliga a que todas semillas tendrían que ser importadas, ya que por definición ninguna semilla en México hoy es legal. El requisito de trazabilidad exige que el producto pueda ser rastreado genéticamente a lo largo de toda la cadena de producción, desde que es semilla hasta que es producto terminado. Es decir, cuándo se sembró, se cultivó, se procesó, se vendió y se consumió. Quien no pueda invertir en los marcadores genéticos y los sistemas de información para rastrearlos, no podrá participar en el mercado.
El mercado de la cannabis y sus derivados es una gran oportunidad económica, no sólo para grandes empresas trasnacionales, sino para empresas locales y, sobre todo, productores que han sido víctimas del narcotráfico durante décadas. Podría ser un mecanismo para crear oportunidades económicas para comunidades que han estado históricamente marginadas. Aunque todos los días celebramos el fin del neoliberalismo, esta regulación está a años luz de poner primero a los pobres, y ni qué decir de la autosuficiencia. Es digna de la época del capitalismo de cuates, con regulaciones a modo, que tanto daño le ha hecho a este país.
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POR JORGE ANDRÉS CASTAÑEDA
COLABORADOR
@JORGEACAST
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