Las crónicas dan cuenta de que Óscar Andrés Flores Ramírez, el capo tepiteño El Lunares, casi lloró.
Tragó saliva una y otra vez, luego de que se le informara de su tercera detención. Unos horas después de que, inquietantemente, la ciudadanía parecía tener ante sí una evidencia más de la imposibilidad de remitir y llegar hasta la sentencia de personajes largamente vinculados a ése y otros organismos delictivos.
Su tensión personal y sus cuitas son nada en comparación con lo que habrían podido sufrir sus víctimas y las víctimas de esa organización que ha sido diezmada en 25 elementos durante los últimos seis meses como consecuencia de la actuación determinada de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Esa decisión política para restablecer orden y condiciones de seguridad, ocurre en alto contraste con las decisiones de algunos jueces que han marginado continuamente evidencia lógica y material contundente, incluida la que involucró en octubre más de 40 cráneos, dos laboratorios de cocaína y anfetamina, además de 20 armas cortas y largas encontradas en una casa de Peralvillo de cuyo operativo había escapado El Lunares.
Jueces que han acusado deficiencias en la presentación del Informe Policial Homologado, en cuyo llenado urge capacitar a todos los policías; su reelaboración debería trabajarse para convertirlo en una ventaja y no en documento complejo que cualquiera tarda en llenar al menos hora y media bajo la presión inaudita posterior a operativos. Y jueces que han considerado que se “simulan evidencias” sin hacer notar la curiosa y sorprendente habilidad de abogados que consiguen de la noche a la mañana personas que aseguran no haber sido víctimas y respecto de quienes se sostiene que hubo un documento apócrifo utilizado para levantar una falsa acusación.
La arriesgada voluntad política y ejecutiva de Sheinbaum en contra de los delincuentes de alta peligrosidad que no habían sido ni en broma tan claramente tocados durante toda la pasada administración, se ha expresado mediante la intervención operativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, y por intervención de la Fiscalía General de Justicia de Ernestina Godoy y, particularmente, del trabajo de coordinación de investigación que lidera Francisco Almazán Barocio y sus equivalentes de la SSC en una tarea que deberá mantenerse y acrecentarse a modo de generar más certidumbres respecto de la lucha contra la impunidad.
El Lunares había permanecido recluido hasta las 3:30 de la madrugada de este sábado. Los agentes capitalinos ejecutaron una nueva orden de aprehensión en su contra terminando su júbilo y el de su abogado, quien antes acababa de sugerir que la FGJ fabricaba culpables.
Sí existe un problema con los jueces. En el nivel local y federal.
Lo que ocurre en la capital nacional está en condición de generar una positiva ola expansiva de alto impacto en la recuperación y fortalecimiento del Estado de Derecho. Así sea. [nota_relacionada id=865855]
POR SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS
PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
@GUERREROCHIPRES
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