Hace algunos días le Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) firmaron un convenio para identificar e inhibir los flujos financieros en casos de secuestro.
Los titulares de ambas instituciones coincidieron en que trabajarán arduamente para seguir la ruta del dinero, identificando las cuentas bancarias donde se deposita y de donde se extraen los recursos, lo que contribuirá en el debilitamiento de los grupos dedicados a este delito de alto impacto.
Un objetivo secundario será devolver los recursos económicos a las víctimas, algo en lo que se ha venido insistiendo desde finales de los años noventa tras la detención de Daniel Arizmendi, mejor conocido como “El Mochaorejas”.
Hasta aquí el anuncio luce impecable, pero sobre todo esperanzador, ya que muchas de las víctimas de secuestro han sido afectadas en su patrimonio y el daño económico merece ser reparado.
Solo hay un pequeño pero y ojalá los encargados de diseñar, anunciar y materializar este convenio lo hayan analizado a profundidad, porque si hay alguien que no guarda o invierte el dinero ilícito en los bancos, son los secuestradores.
La mayoría de ellos, particularmente los que lo hacen con fines de lucro personal, no contemplan ser inversionistas, empresarios inmobiliarios o de algún otro giro comercial formal en los que haya de por medio cuentas bancarias rastreables; la mayoría de ellos efectúa sus operaciones en efectivo y si realiza alguna actividad comercial lo hace en la informalidad.
Es más, si quieren saber un poco más revisen donde guardaba el dinero Daniel Arizmendi, les recuerdo que lo hacía en el depósito de agua de la taza del baño y en algunos armarios, pero no en el banco.
Si no analizaron el problema desde esta perspectiva, aún están a tiempo de revisar los miles de casos cometidos en los últimos años a nivel nacional, con mayor énfasis en Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Morelos, donde seguramente encontrarán que muchos de los líderes de las bandas y sus colaboradores cobraban el rescate en efectivo y se trasladaban a destinos de playa para gastar los recursos en los denominados “giros negros” y cuando el dinero se acababa, nuevamente a delinquir.
Sin embargo, existe otro tipo de secuestro, que nada tiene que ver con cuestiones de lucro personal sino con fines político ideológicos, el cual se caracteriza por cobrar en dólares y mantenerlos en “cash” por tres razones.
La primera porque los secuestradores saben que el ABC de la autoridad para investigar este tipo de ilícitos es rastrear el dinero; la segunda porque sabe cuántos gramos pesa cada billete de 100 dólares y así no le pueden hacer trampa, y la tercera porque no pierde su valor así hayan pasado 10 o 20 años. Como muestra un botón, revisen el caso de Oaxaca en el cual fueron liberados algunos secuestradores al inicio de esta administración.
POR FACUNDO ROSAS
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