En un país que presume su poder con base en la aplicación de la ley, como Estados Unidos, el presidente Donald Trump tomó el garrote jurídico –a través de demandas– para golpear con leyes a los migrantes, principalmente mexicanos, quienes son otra vez la piñata para su reelección y no duda en usar al fiscal federal, a jueces y congresistas para esta misión.
Hábil para atizar inconformidades, en los últimos meses colocó en el debate público la discusión sobre la ayuda social que se les da a inmigrantes indocumentados, un tema que preocupa mucho al estadounidense promedio. Y salió victorioso. La Suprema Corte determinó que a partir del 24 de febrero, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración podrá negar la residencia a inmigrantes que hayan utilizado ayudas sociales como Medicaid (para salud), cupones de alimentos y asistencia para vivienda durante tres años seguidos.
Excluyó a refugiados, asilados, víctimas de trata del crimen y violencia doméstica protegidos por diversos tipos de visa así como a los cubanos que se acogieron a la Ley de Ajuste (como prófugos del régimen de su país) y a centroamericanos en programas especiales; es decir, había una dedicatoria sesgada para la gran masa de mexicanos.
Paralelamente mantiene una declaración de guerra a las ciudades santuario desde el año pasado, que intentó intimidar a personas que se refugiaron en templos de diversos estados para evitar la deportación a quienes envió multas por negarse a salir del país. La medida se frenó tras una estrategia legal de diversas organizaciones, pero volvió a la carga por otra vía.
El fiscal federal William Barr anunció que demandará a los estados de California y Nueva Jersey, porque como "santuarios" no comparten información con el Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) sobre indocumentados que salen de prisión, ni sus bases de datos de las licencias de conducir expedidas sin cuestionar el estatus migratorio.
Va también en contra la ciudad de King, Washington, por no dejar que se use su aeropuerto para repatriaciones y para darle en donde más le duele a Nueva York (en represalia por las políticas pro migrante), la administración federal bloqueó el programa "Global Entry" que permite agilizar las entradas a extranjeros "confiables", o sea, gente que va a hacer negocios. En la búsqueda de recovecos legales para complicar a los migrantes y promover su reelección, Trump ha recurrido incluso a Netflix para rastrear programas que estén apoyando a los indocumentados.
Después de un capítulo de la serie Orange: Is The New Black en el que un mujer recurre a una línea telefónica de asesoría legal gratuita en los centros de detención migratoria, ICE bloqueó el servicio que se daba gracias a una acuerdo entre ICE y la organización civil Freedom for Immigrants.
Para fortuna de los detenidos, la línea se reactivó en las últimas horas, después de denuncias y contraestrategias casi siempre de abogados locales; los garrotazos no tienen eco diplomático.
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POR GARDENIA MENDOZA
*PERIODISTA
ORBE@HERALDODEMEXICO.COM.MX
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