Outsourcing en México

Se realizaron mesas de trabajo entre el gobierno y el sector empresarial para construir acuerdos para contar con una nueva legislación que garantice mejores condiciones laborales

Outsourcing en México
Edgar F. Garza / Colaborador / Opinión El Heraldo de México

El pasado mes de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa para eliminar el outsourcing en México. Argumentó la violación a los derechos laborales de los trabajadores bajo el esquema de subcontratación.

Se realizaron mesas de trabajo entre el gobierno y el sector empresarial para construir acuerdos para contar con una nueva legislación que garantice mejores condiciones laborales e impida a ciertas empresas realizar reclutamientos contrarios a la ley.

Se busca definir el esquema más idóneo de subcontratación que permita contar con elementos suficientes para que los legisladores del Congreso de la Unión aprueben una legislación que prohíba y castigue a quienes explotan a los trabajadores, pero con mecanismos que eviten desproteger a las Pymes, que basan parte de su competitividad y formas eficientes de producir en esquemas como el insourcing, bajo el cual labora más de un millón de trabajadores que pudieran estar en riesgo de perder su empleo, si eliminan de tajo esta figura.

El 9 de diciembre, el Ejecutivo Federal y los sectores empresarial y obrero firmaron el acuerdo para permitir el outsourcing como modelo de contratación laboral, pero con la implementación de sanciones administrativas contra las empresas de subcontratación que despiden los fines de año a sus empleados, apoyándose del IMSS y el SAT, para elaborar exhortos y evitar esta práctica.

Para resolver el abuso de la subcontratación, las empresas deberán iniciar de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas y migrar al personal contratado por insourcing a contratos directos. La autoridad debe trabajar en la distinción de empresas que necesitan la subcontratación legítima, de aquellas que la utilizan como estrategia para disminuir sus obligaciones fiscales y patronales.

Hay puntos por resolver como el límite a la participación de los trabajadores en las utilidades, la definición de servicios especializados, procesos expeditos de autorización a las nuevas subcontratistas y el establecimiento del salario mínimo. Temas que por sus implicaciones requieren mayor discusión entre los sectores interesados para lograr beneficios sustantivos para trabajadores, empresas y México. Por ello se acordó posponer la discusión en el poder legislativo para febrero del 2021.

La reforma que sea aprobada, deberá permitir a las empresas contar con el tiempo suficiente para que puedan rediseñar sus procesos administrativos, producción y planes financieros, sin imprecisiones que puedan derivar en algún tipo de sanción.

Sin duda, es una reforma trascendental que permitirá a miles de trabajadores continuar laborando y a otros tantos obtener un empleo en los años venideros. De tal magnitud es lo que está en juego con esta discusión.

POR EDGAR F. GARZA ANCIRA
FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DIME Y JUNTOS LO HACEMOS
COLABORADOR


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