El manejo sanitario de la pandemia del nuevo coronavirus se ha convertido en uno de los mayores retos científicos de esta generación. La idea de inmunizar a más de siente mil millones de personas alrededor del mundo es hoy una prioridad para la comunidad científica- farmacéutica alrededor del mundo y México no se encuentra exento de estos esfuerzos.
Gracias a una colaboración internacional sin precedentes, México participa en cuatro convenios internacionales específicos como lo son el Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19 (COVAX), con el que se podría tener acceso a 8 proyectos de vacunas, además de los acuerdos bilaterales conseguidos por la Cancillería con Pfizer, que proveerá al gobierno mexicano más de 34 millones de dosis que beneficiarán a 17 millones de personas; además de los otros dos obtenidos con los laboratorios Cansino y AstraZeneca de quienes se esperan otras 77 millones de dosis, con lo que se contempla cubrir hasta el 90% de la población en el primer año, mediante una aplicación en 5 etapas.
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Esta labor requirió de un trabajo de convencimiento en el sector salud respecto al número de dosis, las alternativas existentes y los mecanismos de apartado, a partir de los cuales se condicionaron los contratos firmados, priorizando las aprobaciones sanitarias de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y de una COFREPRIS que hoy está en franco declive después de ser uno de los referentes en seguridad y eficacia clínica en el mundo.
En ese mismo sentido, debemos reconsiderar el rol que juega la ciencia y tecnología como industria prioritaria para el desarrollo nacional, puesto que, si bien México se encuentra dentro de las 15 economías más desarrolladas y actualmente se estudian 4 proyectos de vacunas contra el COVID-19 de forma local, los esfuerzos se han centrado en el apartado de importación y la inversión de más de 1650 millones de dólares para la compra de vacunas a empresas extranjeras.
Cabe destacar que, las estrategias de negociación con las empresas farmacéuticas se dieron bajo el modelo de riesgo compartido, en el que el sector salud no desembolsará recursos en caso de que la vacuna no sea efectiva, mismo modelo que la industria farmacéutica había ofrecido en el pasado no sólo para la vacuna contra el COVID-19, sino para garantizar el acceso a otras alternativas clínicas de innovación sin mucho éxito.
Por otra parte, los procesos de distribución y acceso de la vacuna aún son inciertos. Al tratarse de un bien de alta demanda y escasa oferta, desafortunadamente, se tendrán que priorizar en este proceso de vacunación las estrategias de seguridad que eviten que los esquemas de distribución se conviertan en blanco de la delincuencia organizada. La intervención del ejército es inminente en todo el proceso de recepción, traslado y almacenaje de la vacuna.
Sin embargo, esta tendrá que ser una labor compartida con empresas especializadas en infraestructura de cadenas de frío y logística farmacéutica debido a las necesidades particulares de las vacunas. Esto implicaría posiblemente la participación de empresas anteriormente vetadas por el gobierno por acusaciones de corrupción y prácticas monopólicas en el comercio de medicamentos, por lo que no sorprendería la firma de contratos próximamente, seguramente a través de asignación directa, con alguno de estos proveedores.
Finalmente, todo este esfuerzo será inútil sin la participación de la población. Penosamente, en México aún existe desinformación y desinterés sobre la eficacia de las medidas de sana distancia, el uso de mascarillas y la importancia del lavado de manos para evitar la propagación del virus. La comunicación sobre la importancia de estos cuidados, con vacuna o no, debe ser directa y eficaz, algo que desde el inicio de la pandemia no ha ocurrido desde el gobierno federal.
POR AZUL ETCHEVERRY
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@AZULETCHEVERRY