Aunque la industria de bebidas reconoce que el problema de la obesidad en nuestro país es multifactorial, quiere ser parte de la solución. De manera unilateral, desde hace años los productores de refrescos, jugos y otras bebidas endulzadas están modificando las fórmulas de sus productos para que sean bajos o sin calorías.
Para Jorge Terrazas, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) la reformulación es un proceso que continuará a partir de reconocer las necesidades de los consumidores y la convicción que las empresas deben apoyar a las autoridades sanitarias para mitigar el impacto de las enfermedades crónico-degenerativas.
En la actualidad, 55 por ciento de los productos que elaboran las refresqueras son bajos o sin calorías y el objetivo es que para 2024 esa cifra escale a 70 por ciento.
En esa hoja de ruta, la industria espera que para 2030 todo su portafolio sea con bajo o nulo contenido calórico.
Terrazas reitera que no debe satanizarse ni mucho menos prohibirse la venta de productos como los refrescos que contribuyen apenas con 10 por ciento de la carga calórica del mexicano.
Esto en relación con una serie de legislaciones promulgadas en los estados de Oaxaca y Tabasco que aún requieren de su reglamentación.
Sin embargo, la presión desde el gobierno existe, y si bien ANPRAC sigue en diálogo con la Secretaría de Salud, de Jorge Alcocer Varela, ha abierto otros espacios de diálogo como el que tiene con el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila.
Y en más reglamentaciones las empresas de bebidas ya cumplen a 90 por ciento con la nueva norma de etiquetado, que busca advertir al consumidor sobre el contenido de las bebidas y la expectativa es que en cosa de semanas esa reglamentación se cumpla a cien por ciento.
Como sea, las empresas de bebidas carbonatadas y agua purificada esperan terminar con el año flat en lo que refiere a ingresos, a pesar de la crisis del COVID-19, aunque en algunas categorías habrá incrementos.
LA RUTA DEL DINERO
Con la novedad que el senador por Morena, Ovidio Peralta Suárez, trabaja en una iniciativa que se espera llevar al pleno para brindar mayor certeza y respaldo a los ahorradores cuando una institución bancaria se vaya a la quiebra o sea liquidada. La intención de Peralta es reformar diversos artículos de la Ley de Protección al Ahorra Bancario y de la Ley de Instituciones de Crédito para incrementar el respaldo que tienen los mexicanos por sus ahorros, un seguro que en la actualidad cubre hasta 400 mil UDIS (alrededor de 2 millones de pesos) para elevarlo a 700 mil UDIS.
Esto también a partir de reconocer que la Ley de Protección al Ahorro Bancario estaría rebasada ya que fue concebida con las condiciones económicas que había en el país en 1999 y tras 21 años requieren una actualización, lo que pasa también por las reglas que definen la operación del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
POR ROGELIO VARELA
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