El Tribunal Federal de Justicia Administrativa publicó que otorgaba a la revista Nexos una suspensión provisional de la sanción impuesta en agosto por la Secretaría de la Función Pública. Esta sanción, de cerca de un millón de pesos, así como la inhabilitación con la que el gobierno federal le impedía participar en contratos públicos por dos años, obedecía a que —se argumenta— la revista presentó “información falsa” para lograr un contrato por adjudicación directa en una campaña del IMSS. “La suspensión de las sanciones habilita nuevamente a Nexos para celebrar contratos con dependencias que utilizan recursos federales. Se suspende también, provisionalmente, la multa”, informó la dependencia judicial.
Lo anterior da un respiro temporal a la revista Nexos y esboza un grado, así como criterios de independencia entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en México. Sin embargo, no se olvide que se trata de una suspensión provisional, con lo cual no es que se le dé la razón a la revista o se determine que está equivocada la SFP.
Esta penalización ha sido objeto de diversos cuestionamientos y análisis en la opinión pública y el sector de los medios de comunicación en general, y de nuevo no tanto por la sustancia, sino por lo que al parecer es un desproporcionado castigo.
Esa desproporción es lo que llevó a algunos comentócratas a interpretar la determinación como una medida de acoso y castigo a la prensa escrita para acallar las voces críticas a la 4T. En otras palabras, una suerte de megáfono por parte de la SFP sobre las quejas de López Obrador a los medios de información que no le felicitan o señalan los errores que comete.
México clasifica mal por cuanto a libertad de expresión se refiere. Obtuvo 51.42 de 100 puntos en 2019 en dicho rubro de acuerdo a la Sociedad Interamericana de Prensa. Claro, para quienes les gusta ver el vaso semi lleno, nuestro país se localiza a la mitad de la tabla. Pero si vemos a otras naciones, a Chile por ejemplo, encontramos que ocupa una mejor posición, con 80 puntos.
Con ese puntaje (51.42), México se encuentra por debajo del nivel requerido para llegar al nivel de “Libertad de Expresión Plena”.
México también es considerado el país (no en guerra) más peligroso para ejercer el periodismo. Tan sólo en las dos últimas décadas han habido 166 periodistas asesinados. Contamos con el mortal promedio de 8.25 reporteros asesinados al año; y 2020 va superando esta cifra, teniendo hasta octubre 12 reporteros asesinados al mes.
La revisión y debate en el Tribunal Administrativo sólo abona a un construir día con día una realidad de mayor cuidado de la libertad de expresión por uno de los poderes de la nación, y eso hoy es una buena noticia.
Los reporteros asesinados en estos últimos 20 años, así como los desaparecidos o heridos, merecen que cada caso que implique un ataque a la libertad de expresión sea investigado. Solo así podremos garantizar el ejercicio total al derecho de la libertad de expresión.
POR VERÓNICA MALO
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