Estados Unidos se convirtió esta semana en el foco de atención del mundo. Por el tamaño de esta potencia, las transiciones políticas que suceden ahí tienen efectos mucho más allá de sus fronteras. El resultado de una elección estadounidense define las dinámicas económicas, militares y diplomáticas de la comunidad internacional entera.
Uno pensaría que el modelo para tomar decisiones de esta envergadura sería absolutamente certero, profesional y seguro. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad. El país lleva años peleando contra un sistema arcáico y poco funcional.
En el año 2000, en la elección entre Al Gore y George Bush, la decisión terminó reduciéndose a un montón de boletas marcadas con aparatos mecánicos en Florida, cuya capacidad nadie se preocupó por revisar. Para marcar una boleta se usaba un punzón sobre un caucho, atravesando el papel, de tal forma que se hacía un agujero en la opción seleccionada. La papeleta con los agujeros era contabilizada posteriormente en un lector de luz. Con el paso de las horas, la votación fue tan alta que el caucho se fue desgastando y cada vez era más difícil para los votantes hacer el agujero. Al final de la jornada, el lector no capturó miles de boletas porque los agujeros no estaban bien hechos y el asunto terminó en la Suprema Corte de Justicia.
Después de esta tremenda pifia, el Congreso se dispuso a cambiar las leyes para hacer un sistema más moderno, pero había un problema. Por disposición constitucional, en Estados Unidos, las elecciones son competencia de los estados y no de la Federación. Es decir, no hay una organización nacional similar al INE que se encargue de las elecciones sino que cada estado define sus mecanismos y procesos.
El Congreso entonces le dio la vuelta al asunto y emitió una ley fundada en los derechos de inclusión de personas con discapacidad que es un tema federal, y emitió la ley HAVA (por sus siglas en inglés) en la que se requería que los estados compraran sistemas de votación más modernos. Pero el problema de fondo persistió, pues no se pudieron incluir medidas de seguridad y procesos estandarizados en esta ley.
El resultado es el sistema actual. Cada estado o municipio decide qué equipos de votación comprar y muchos de ellos han resultado deficientes o vulnerables; el voto por correo no tiene una supervisión oficial por parte de los partidos; no se tiene una credencial para votar con fotografía; no se tiene un padrón revisado y homogéneo; las boletas no tienen marcas de agua ni son resguardadas en instalaciones seguras, y, en caso de disputa, hay municipios que ni siquiera cuentan con comprobantes del voto que permitan hacer un recuento.
Es imposible ver lo que sucede en el vecino del norte y no pensar México, en el INE y en lo mucho que hemos construido como país en términos electorales. Lo que sucede allá debe servirnos para valorar lo que tenemos. Nuestro sistema tiene fallas que hay que resolver, pero también tiene mucho que enseñarle al mundo.
POR FERNANDA CASO
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