Después de que fuerzas oscuras cabildearon exitosamente ante el Senado de la República para frenar la iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia que buscaba regular el outsourcing, el Presidente de la República ha acertado en poner el tema nuevamente sobre la mesa con una iniciativa propia que pronto habrá de llegar al Legislativo.
Con este paso se perfila ya una política laboral de elementos progresistas, la cual comenzó con el aumento al salario mínimo, y siguió con la reforma laboral que permitirá que la democracia sindical finalmente llegue a nuestro país.
El outsourcing o tercerización laboral surgió en los años 90 y fue formalmente reconocido en la Ley Federal de Trabajo en 2012, aunque no se reguló adecuadamente.
A través de esta práctica se triangula la relación laboral de forma tal que todo tipo de empresas e instituciones contratan los servicios de las llamadas outsoureras para que éstas sean las encargadas de contratar y gestionar la relación laboral de sus trabajadores.
La subcontratación representa una ventaja para los empleadores, ya que les permite concentrarse exclusivamente en sus negocios, sin distraerse en responsabilidades fiscales y de sus recursos humanos. En resumen, les ahorra tiempo y dinero.
El problema es que este mecanismo —que no es malo en su totalidad— se ha utilizado para eludir responsabilidades laborales y fiscales y ha precarizado los derechos de los trabajadores.
Un gobierno de izquierda no sería tal si no es capaz de ponerle alto a esquemas de este tipo, los cuales han crecido 37 por ciento en los últimos cinco años. Muchas empresas utilizan servicios de outsourcing ilegal y sumamente “creativos” para eludir el pago de impuestos.
Muy a menudo, las empresas outsourceras —algunas de las cuales actúan como organizaciones criminales— no pagan cuotas del IMSS, e Infonavit e inclusive buscan simular que no hay ningún tipo de relación laboral entre la empresa y el trabajador.
Comúnmente, tampoco reportan el salario real del trabajador ante el IMSS, a fin de reducir el impuesto sobre la renta y otras cargas tributarias.
Según algunos cálculos, el outsourcing emplea a más de 8 millones de personas en México. De ellas, 2.9 millones están contratadas de forma ilegal, según la Secretaría del Trabajo. Evidentemente, esto causa enormes pérdidas al erario. Según Gómez Urrutia éstas ascienden a los 500 mil millones para el fisco y a 50 mil millones en cuotas del IMSS.
No será sencillo regular el outsourcing. El gobierno se enfrentará a intereses muy poderosos que han sabido ganarse a legisladores de pocos escrúpulos y mucha ambición (incluso entre el oficialismo), garantizarse espacios en los medios de comunicación y hacerse de voces afines en la comentocracia. La decisión del Presidente, sin embargo, inclina decididamente la balanza a favor de la justicia laboral.
POR HERNÁN GÓMEZ BRUERA
HERNANFGB@GMAIL.COM
@HERNANGOMEZB