La semana pasada desde el Senado se aprobó una ley que tenía mucho tiempo en pugna, esta es la Ley General de Regulación del Cannabis. La aprobación de este dictamen ha traído controversia en todo el país, por un lado aquellos que dicen que -queda corta- y, por el otro, las personas que piensan que es un avance para mitigar los efectos del crimen organizado, en la vertiente del tráfico, la violencia y, en algunos casos la sustitución del Estado. Es por estas razones que dicho dictamen de ley es tan necesario para un país como el nuestro, el cual vive desde hace décadas imbricado en esta trama que lacera y tiene enlutado.
Sin embargo, con la Ley General de Regulación del Cannabis solo se toma en cuenta algunas modificaciones, como la creación del Instituto Regulador del Cannabis, organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud, además se incrementa el uso y tenencia de plantas de marihuana, mismas que pasan de 6 a ocho por persona y deberán de permanecer en la casa habitación de la persona consumidora. Asimismo, se elimina la obligación de barreras para que las personas no usuarias eviten aspirar el humo; se podrá consumir en espacios públicos, centros de trabajo, universidades siempre y cuando se habiliten áreas exclusivas (interiores con adecuaciones correspondientes), no existan menores alrededor y estén al aire libre. También se amplía la portación a 27 gramos y, a partir de esta cantidad y hasta 200 se contemplan sanciones administrativas.
Ahora bien, este es un buen avance en la regulación, empero sigue existiendo un enfoque punitivo para consumidores, no toma en cuenta la industrialización de la misma, ni tampoco el enfoque de salud pública ni de seguridad. Es decir, desde la perspectiva de salud no hay un consenso ni un sistema adecuado para intervenir a las personas adictas, tomemos como ejemplo el caso de Canadá.
La visión industrial tampoco toma en cuenta a los productores mexicanos (no se diga a los pequeños) y podría ser otro ejemplo de que empresas estadounidenses, canadienses o de alguna otra latitud solo exploten la materia prima de nuestro país, puesto que -si se llega a dar en 2022- esta no será un mercado menor, según la estimación de Euromonitor, hoy existen ganancias globales de 170 mil MDD, pero solo 30 mil dentro de la legalidad. Desde el criterio de seguridad pública, aunque hay un incremento en la portación, el enfoque sigue siendo punitivo hacia los consumidores y no a quienes verdaderamente violan la ley, los traficantes, asimismo las personas adultos mayores y las mujeres con plantíos vuelven a quedar criminalizados.
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Así pues, esta ley significa un progreso para nuestro país, aunque con varias ventanas de oportunidad. Lo que sigue es enviarla a la Cámara de Diputados, donde las y los legisladores tendrán la oportunidad de -corregirles la plana- y realizar una ley que tome en cuenta todas las aristas y a todas las personas involucradas. Esperemos que acepten esta oportunidad histórica que se les presenta y con ello remediar alguna de las problemáticas que tiene el país.
POR ADRIANA SARUR
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