¿Qué se necesita para que una persona diga lo que el gobierno quiere?
La primera vez que recuerdo haberme planteado esa pregunta fue durante la licenciatura, en la clase de Derecho Procesal Penal en con el Profesor Miguel Sarre, uno de los mayores defensores de Derechos Humanos en el país. Las clases que Sarre impartía estaban lejos de la aridez y rigidez tradicional del derecho procesal. Más que dedicar largas horas a enseñar los tiempos y las formalidades, Sarre nos presentaba casos en los que los vacíos legales, las reglas aparentemente neutrales y los desequilibrios de poder generaban incentivos negativos en el sistema de justicia.
Te podría interesar
En una de las clases, nos llevó al cine a ver Presunto Culpable para después tener una larga conversación con dos de los productores y activistas detrás del caso. En el documental, se relataba la historia de Antonio Zúñiga, un hombre que había sido falsamente acusado de homicidio y condenado a 20 años de prisión. A partir del documental, nos adentramos en una profunda discusión sobre el fracaso del sistema penal y la relevancia del debido proceso como mecanismo para asegurar que quienes estuvieran en la cárcel fueran quienes realmente hubieran cometido los delitos.
Más adelante, leímos el expediente completo del caso Cassez. Dedicamos varias sesiones a estudiar cómo fue que altos funcionarios de gobierno consiguieron que personajes desconectados de la escena, víctimas de secuestro, policías de bajo rango y colegas de los acusados testificaran con toda firmeza en lo que terminó siendo revelado como un montaje. Durante todo el semestre, la pregunta rondó el aula…¿qué se necesita para que una persona diga lo que el gobierno quiere?
Desde entonces, siempre que veo un caso mediático en el que el gobierno gana mucho con una sentencia y la única evidencia que se tiene es un testimonio, tiendo a dudar: ¿hubo tortura? ¿El imputado es en realidad una persona inocente con mala suerte? ¿Qué incentivos tenía el testigo para mentir? ¿De su testimonio depende su empleo?, ¿su familia?, ¿su libertad?
Apenas el 26 de octubre, Rosario Robles escribió una carta diciendo que la FGR la estaba presionando para decir mentiras sobre uno de los mayores casos de corrupción del sexenio pasado. “me tienen como rehén porque no he querido colaborar para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guion que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia”- escribió entonces.
Resulta que un mes después, Robles ya está lista para declarar y cuenta con información suficientemente jugosa como para colaborar con el gobierno y, probablemente, salir libre. Imagino su situación. Después de un año de estar detenida sin sentencia, viendo a Lozoya desaparecer impunemente, atestiguando cómo rescatan a Cienfuegos, viendo a Peña Nieto disfrutar de su retiro…la pregunta vuelve ¿Qué incentivos tiene Robles para mentir?, o, más bien, ¿Qué incentivos le está dejando el Estado para no hacerlo?
La información que se obtenga podría ser valiosa. Sin embargo, el mal manejo de este caso desde el inicio ya es suficiente para que siempre quede la duda de si no es esta una más de la lista de las mentiras construidas a partir de lo que el gobierno quería escuchar.
POR FERNANDA CASO
FERNANDACASO@HOTMAIL.COM
@FER_CASO