Hace 110 años se inició un movimiento que –para la historia de los mexicanos— ha sido fundamental; el primer objetivo en el levantamiento Maderista fue la caída de la dictadura y la obtención de un régimen democrático; pasados 100 años con dificultades y problemas, con defectos y deficiencias, se ha logrado –a pesar de todo— crear un régimen político, razonablemente apegado a los principios democráticos.
El segundo tramo de la Revolución Mexicana es el más trascendente, pues se reformaron, no sólo las estructuras del poder, sino el cambio fundamental que le dio a México la transformación de un Estado Liberal a un Estado Social de Derecho. Esto quiere decir que la teleología constitucional cambió el concepto de la propiedad privada, para subordinarla al interés público y estableció la justicia social como una meta, al reconocer con rango constitucional, las garantías sociales. Estos últimos conceptos se fueron perfilando desde los distintos planes revolucionarios, como el Plan de Ayala y los protagonistas de la Revolución en la Convención de Aguascalientes y, fundamentalmente, en el debate del Constituyente que hizo nacer la nueva Constitución de Querétaro.
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No es verdad que se haya construido un Estado Liberal, sino, el objetivo fue el establecer un Estado Social de Derecho, que no sólo reconoce las garantías individuales, sino le da preeminencia a las garantías sociales, establecidas en diversos preceptos de la norma superior, y que abrieron la puerta para crear un Estado Revolucionario, que cobró plenitud en sus objetivos en el régimen Cardenista –el punto más alto de la aspiración nacional—.
El país, durante más de 50 años, se apegó a estos fines sociales, particularmente en el régimen de Adolfo López Mateos y de Luis Echeverría; más tarde la influencia internacional y la imposición de un modelo denominado Neoliberal, cambió el sentido del proceso revolucionario, quedando inconclusos los fines sociales.
El gobierno de López Obrador pretende y aspira a una nueva transformación, pero no ha podido plantear una teoría económica sólida, ni un ideario político definido, que nos permita avizorar la realización efectiva de este nuevo cambio.
En este largo proceso histórico jugaron un papel fundamental el Partido hegemónico y la consolidación de un nuevo Ejército, emanado de las filas populares que mantuvo directamente el poder político, desde la caída de Huerta, hasta el gobierno de Ávila Camacho. Hoy en día se le ha dado nueva importancia y trascendencia al Ejército, otorgándole nuevas competencias y facultades, y se convierte nuevamente en un Eje estructural de enorme importancia para la gobernabilidad.
Por esto, es importante el triunfo diplomático que obtuvo el gobierno de México al presionar al gobierno norteamericano, para que el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, pueda ser –en su caso— investigado por las leyes mexicanas, que seguramente lo absolverán, pues al parecer, su aprehensión en los Estados Unidos obedece a la grosera intervención que la DEA suele tener en los países de América Latina, con testigos protegidos y grabaciones ilícitas.
Vale la pena, en esta hora de aniversario, reflexionar sobre el papel de las Fuerzas Armadas Nacionales en los próximos años y, por supuesto, en las relaciones de México con Estados Unidos, que se darán con el nuevo gobierno que encabezará Joe Biden.
Nuestra historia siempre ha estado vinculada a esas relaciones con el Imperio, frente a las cuales, debe haber una solidaridad nacional, independientemente de nuestros conflictos y contradicciones internas.
La Revolución sigue inconclusa, pero el escenario mundial cambia y, con ello, la posibilidad de retornar a los objetivos primigenios de ese gran movimiento social.
POR ALFREDO RÍOS CAMARENA
CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM