La detención del general Salvador Cienfuegos a manos de la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos (EEUU), resultaba incomprensible por la relación de amistad entre Donald Trump y López Obrador. La luna de miel entre ambos parecía haber llegado a su fin.
De inmediato surgieron dos narrativas que acusaban a la DEA de responder a una agenda política.
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La primera dejaba entrever una posible traición de Trump a su “amigo” López Obrador, al no informarle de la investigación contra Cienfuegos (lo que produjo una percepción de traición del Presidente a la cúpula militar); la segunda, filtraba la versión de que la DEA carecía de pruebas sobre Cienfuegos, y bajo una línea demócrata, buscaba fracturar la alianza político-electoral de Trump con AMLO y la de éste con el Ejército.
Ambas narrativas coincidían en un punto fundamental: la detención de Cienfuegos podía reventar el pacto entre los dos mandatarios –López Obrador sigue sin reconocer el triunfo de Biden- y confrontaba al Ejecutivo mexicano con la milicia; sólo que la primera narrativa lo difundía como propaganda, y la segunda, como una alerta para el presidente y los militares.
No es la primera vez que una agencia de EU actúa políticamente por intereses propios (en ello radica su autonomía), sin informar o pedir autorización al Presidente. Lo mismo ocurrió con el operativo Rápido y Furioso, en el que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos entregó armas ilegales a los cárteles mexicanos para ubicar infructuosamente a sus líderes, erosionando el nivel de confianza entre los gobiernos de Obama y Calderón, quien calificó a ese operativo como “un error garrafal”.
El Departamento de Justicia de EU retiró los cargos a Cienfuegos y la 4T no tardó en presumirlo como un logro diplomático en defensa de la soberanía, resaltando su buena relación con Trump y confirmando su lealtad a López Obrador.
Sin embargo, el Departamento de Justicia de los EU, al mando del fiscal General William Barr, al transferirle a la justicia mexicana el caso de Cienfuegos, puso a prueba el compromiso de la 4T contra la narcopolítica. Al arribar el general a México, la 4T lo dejó libre.
En 1991, William Barr, al ser confirmado por vez primera como fiscal General por el Senado, a propuesta de Bush, fue alabado por los demócratas por su “franqueza y honestidad”; el entonces presidente del Comité de Justicia del Senado, Joe Biden, lo elogió por recordarle “los días en que teníamos fiscales que hablaban con usted”.
En la 4T deberían empezar a preguntarse si la captura y posterior liberación del general Cienfuegos fue ordenada por Trump o por el fiscal William Barr.
POR RUBÉN SALAZAR
DIRECTOR DE ETELLEKT