Han pasado más de cinco años desde que Donald Trump llamó criminales y violadores a los mexicanos en junio de 2015. Desde entonces no ha dado tregua a la migración mexicana y centroamericana.
Algunas encuestas indican que en las elecciones de mañana probablemente Trump obtenga alrededor de 30 por ciento del voto latino, similar proporción a la que alcanzó en la elección de 2016.
Se comprende que el voto latino no sea monolítico y que algunos migrantes hispanos tengan sus razones para sufragar por el actual presidente, pero no dejaría de sorprender que tres de cada 10 latinos que votaran lo hicieran en favor de alguien que en cuatro años de mandato ha aplicado o ha intentado aplicar medidas que van de la ocurrencia a lo inhumano, como las siguientes:
En reunión privada dijo a sus asesores que los soldados deberían disparar a las piernas de los migrantes. Alguno de sus consejeros tuvo la gentileza de aclararle que eso sería ilegal. Después dijo que los agentes debían estar autorizados para disparar contra los migrantes que les arrojen piedras (lo que, por cierto, han hecho en varios casos a lo largo de al menos dos décadas, casi siempre de manera impune).
Propuso también un muro electrificado, y agregó, como niño cruel que juega a ser malo, que lo construiría “con puntas encima que puedan atravesar carne humana”.
Otro día amaneció con una idea genial: construir fosas en la frontera e infestarlas de culebras y cocodrilos.
Sugirió, asimismo, pintar de negro el muro fronterizo, idea a la que renunció cuando le dijeron que eso incrementaría los costos en un millón de dólares por cada kilómetro.
Y desde luego intentó deshabilitar la Acción diferida decretada por Obama en beneficio de los dreamers.
Entre ocurrencias inviables, logró colar acciones de talante inhumano: la política de Cero Tolerancia separó a padres e hijos migrantes detenidos en la frontera. Una corte ordenó la reunificación de estas familias, pero hay 540 niñas y niños que siguen sin encontrarse con sus padres.
Recientemente, según The New York Times, las autoridades migratorias han expulsado a menores de edad de otros países, solos, hacia México.
En tanto otorga contratos millonarios a las empresas que administran los centros de detención de migrantes, ha golpeado seriamente el derecho de asilo, haciendo que los solicitantes permanezcan en otros países, y ha endurecido los requisitos para la aprobación de las solicitudes: sólo 585 de 43 mil 250 casos (1.3 por ciento) han obtenido respuesta favorable, de acuerdo con un análisis de la Universidad de Syracusa de Nueva York.
Esta es sólo una parte de la política migratoria del actual gobierno estadounidense, especialmente ácida hacia la migración mexicana y centroamericana. Breve relatoría, en efecto, pero con suficientes motivos y razones para que los latinos, en su inmensa mayoría, castiguen mañana Donald Trump.
POR MAURICIO FARAH
SECRETARIO GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SENADO.