Si bien es cierto el outsourcing ha sido utilizado para defraudar al fisco, también lo es, que ha ayudado a miles de empresarios a eficientar su administración y procesos económicos. Con la propuesta, se criminaliza él modelo de subcontratación de personal, cuando debería considerarse solo como un medio comisivo para defraudar.
La privación de la libertad es la ultima razón del derecho penal. La prisión preventiva oficiosa es aberrante como instituto jurídico frente al derecho a la presunción de inocencia. Catalogar conductas delictivas para que quien sea imputado de un delito y vinculado a proceso, enfrente su juicio privado de su libertad, es contradictorio con un sistema garantista.
Se propuso reformar el Código Fiscal de la Federación para imponer prisión preventiva oficiosa, a quienes sean imputados y vinculados por el delito de defraudación fiscal “calificada” al evadir el pago de ISR, IVA y cuotas del IMSS e ISSSTE a través de plataformas de subcontratación. Sin embargo, “olvidan” perversamente, que el delito en sí, es defraudar a la hacienda pública a través de una simulación en la subcontratación, no el outsourcing como tal. Tal “olvido” convierte a esta propuesta, en la verdadera simulación.
La iniciativa entre otras cosas establece que: "Resulta aplicable la prisión preventiva oficiosa y penas agravadas a los casos de subcontratación y simulación de contratación de servicios especializados realizados por cualquier grupo de tres o más personas, que se dedique de manera permanente o reiterada, a ofrecer estos esquemas ilegales que tengan como fin dañar al Fisco Federal, lo cual será perseguido como delincuencia organizada.” Así mismo señala:
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"(Y por) cualquier empresa o persona que haya recurrido a estos esquemas ilegales, misma que será perseguida penalmente por la comisión de delitos fiscales calificados que atentan contra la seguridad de la Nación, siempre que no acudan a la Secretaría de Hacienda a regularizar su condición fiscal".
Esta propuesta de reforma, entrará en vigor de ser aprobada, en enero de 2021. La iniciativa plantea además de la sanción penal, incorporar a la Ley Federal del Trabajo sanciones que podrían rebasar los 4.3 millones de pesos a quienes utilicen la subcontratación de personal, a las personas físicas y/o jurídicas que presten servicios sin autorización, y a los beneficiarios.
Endurecer las penas es aceptable; debatible, pero aceptable. La realidad rebasa al Estado garantista que pretendemos ser. Sin embargo el abuso de la prisión preventiva es incongruente con nuestro sistema penal actual. Si vamos a regresar al catálogo de delitos graves existente en el sistema anterior, sería mejor regresar de plano a ese sistema. Cuando menos, ese sistema exigía más requisitos y estudio a los jueces para ordenar la aprehensión de una persona y el auto de formal prisión. El sistema penal vigente, es incompatible con un catálogo de delitos que ameritan prisión oficiosa, pretenden aplicar el derecho penal del enemigo, a esta actividad, se le conoce como “terrorismo fiscal.”
POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI
ABOGADO
@JOSE_LAFONTAINE