Esta semana presentó su renuncia Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con la intención de perseguir su deseo político de aspirar por la gobernatura del estado de Sonora. Sin duda, la decisión del Secretario Durazo ocurre en un contexto histórico complejo en el que la estrategia de la cuarta transformación ante la inseguridad no ha sido capaz de amainar las cifras de víctimas de violencia en el país, además de la crisis de seguridad nacional que está provocando la
detención del General Cienfuegos en los Estados Unidos.
Al presentar su renuncia, el secretario Durazo asegura que la estrategia encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador despojó a las organizaciones criminales de su capacidad operativa en plazas que se consideraban parte de su territorio, así como de sus posibilidades disminuidas de retar al Estado.
Sin embargo, reconoció que los esfuerzos han sido insuficientes para hacer frente la incidencia de homicidios dolosos y el mejoramiento de las fuerzas policiacas estatales y municipales, así como de las instancias de investigación, procuración y administración de justicia, las cuales simplemente no han sido capaces de hacer frente los más de 63 mil homicidios que van desde la llegada de la actual administración.
A partir de este antecedente, destacaría dos momentos clave en la administración del Secretario al frente de la SSPC. En primer lugar, el llamado “culiacanazo” en el que miembros del cartel de Sinaloa tomaron con violencia las calles de Culiacán para exigir la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Joaquín Guzmán Loera, y en segundo lugar, la opacidad en el involucramiento y coordinación militar de la Guardia Nacional como una institución civil encargada de la seguridad pública del país.
En lo que respecta al desafortunado suceso en Culiacán, el mundo entero fue testigo del sometimiento de un Gobierno Federal ante la preparación estratégica y armamentista del crimen organizado ante unas fuerzas policiacas y militares rendidas. Ya ha pasado un año y no se ha resuelto qué fue lo que ocurrió ni quienes estuvieron involucrados en lo ocurrido.
Por otra parte, está la militarización de la seguridad pública a través de la Guardia Nacional. Hace apenas una semana se publicó un decreto a través del cual se le otorgan funciones a la Dirección General de la Guardia Nacional para su participación en los procedimientos penales del orden federal, para poder generar así informes de riesgo en dichas investigaciones y supervisar las medidas cautelares que los jueces tengan contempladas para cada caso.
Esta decisión resulta criticable si consideramos que estas concesiones que adquiere la Guardia Nacional rebasan las facultades para cual originalmente estaba establecida. Ahora la Guardia Nacional no sólo se encargará de cumplir tareas de seguridad pública y prevención del delito, sino que ahora jugarán un rol esencial durante el proceso de impartición de justicia, insisto, desde una perspectiva y capacidad militar.
Ahora bien, resulta entendible la decisión del Secretario Durazo de contender por una gobernatura, no obstante, deja acéfala a una de las instituciones clave para la gobernabilidad del país, reitero, en un momento en el que se requiere de un compromiso y vocación de servicio que trascienda toda aspiración personal.
Sus objetivos no son sencillos, Sonora enfrenta temas sensibles como el incremento de su deuda, el 27% de su población en la pobreza, el encono político e, irónicamente, el incremento de los homicidios dolosos en la entidad.
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POR AZUL ETCHEVERRY
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