Es difícil terminar de dimensionar la profundidad del retroceso democrático y el daño institucional para la justicia que significa la decisión que la Suprema Corte tomó la semana pasada al determinar la constitucionalidad de una consulta que, además de innecesaria, absurda y costosa, viola garantías esenciales para todos los ciudadanos.
Quizá la forma más elocuente de asimilar el golpe que recibimos es el canto de batalla que pronunció hace unos días el Presidente: “por encima de la ley está el pueblo”.
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Estas palabras, que traen ecos de los regímenes populistas y autoritarios, anuncian la construcción de un país donde las leyes pueden ser sometidas a consulta cada vez que así convenga al poder. Y es que la consulta que logró imponerle López Obrador a la Corte no se trata realmente de los expresidentes de México; esa sólo fue la excusa, un tema popular para inflamar a la opinión pública.
El verdadero peligro es el precedente que sienta,z que desde el Poder Ejecutivo se puede torcer no sólo la legalidad, sino la misma Constitución, para lograr cualquier objetivo que se le ocurra al Presidente: desde inmiscuirse en el proceso electoral de 2021, hasta acosar ilegalmente a quienes considera sus adversarios políticos.
Ya se ha dicho, pero es necesario insistir: quienes rechazamos la consulta no nos oponemos a que se haga justicia a servidores públicos que hayan cometido abusos, a lo que nos oponemos es a sustituir nuestra Constitución por tribunales inquisitoriales azuzados desde el poder del Estado. Porque si el gobierno realmente quiere hacer justicia, simplemente necesita iniciar una investigación. La consulta fue sólo un recurso mediático para intimidar y doblegar al Poder Judicial. Y se logró.
Con este terrible precedente, se abre la puerta a que cualquier tema pueda ser consultado si así lo marca la conveniencia política del régimen: desde una ampliación de mandato, o desconocer procesos electorales en los que el gobierno pierda.
Esto, que muchos analistas insisten en decir que es imposible, se vuelve ahora más real que nunca: ya lograron pasar por encima de la Constitución, y es francamente una ingenuidad suponer, dada la evidencia, que no querrían intentarlo con tal de retener el poder.
Lo cierto es que la semana pasada los ciudadanos mexicanos quedamos más desprotegidos que nunca: porque la gran autoridad, la encargada de hacer respetar nuestros derechos más básicos, el tribunal Constitucional que debería ser la Suprema Corte, quedó reducida a un apéndice del Poder Ejecutivo.
Cada vez son menos las vías con las que contamos para contener al poder. Se necesitará un amplio despertar ciudadano para evitar que este desmantelamiento continúe. De lo contrario, no habrá manera de detener las crecientes pulsiones autoritarias del régimen.
El profundo daño que se le está haciendo a nuestra democracia –cada vez cuesta más llamarle así– nos deja a merced del capricho y la voluntad autocrática de un solo hombre.
Hoy estamos más cerca de ser un pueblo sin ley.
POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE
DIPUTADO EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
@GUILLERMOLERDO
eadp