El próximo 24 de octubre —dentro de 17 días— se cumple el plazo para que México entregue a EU el agua que se le adeuda (270 millones de metros cúbicos).
Ayer, el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, T. Ulrich Brechbuhl, se reunió con Marcelo Ebrard para dialogar, entre otros temas, “sobre la necesidad de que México cumpla con las obligaciones relativas al Tratado de Aguas” de 1944, según un comunicado del Departamento de Estado difundido aquí por la embajada estadounidense.
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¿Cómo se llegó a este punto? Bueno, lo primero que habría que decir es que dejaron pudrir el tema.
El adeudo de agua —herencia del gobierno de Enrique Peña Nieto— fue detectado por el equipo de López Obrador desde la transición, a finales de 2018. Pero el año pasado, por más que recordó a la cancillería sobre el tema —cruzando por el despacho del subsecretario Jesús Seade—, no se hizo nada al respecto.
Fue hasta este año, ya con los focos rojos encendidos, cuando quisieron darle una solución a las carreras. Ya era tarde. La Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA) estaba encabezada por Alberto Salmerón, funcionario experimentado y de confianza.
Pero en los primeros días de junio pasado, le hablaron (se encontraba en Tijuana viendo lo del saneamiento del río) para informar que el canciller lo estaba cesando. Sí, cesado en el momento más inoportuno. En medio del problema.
Dos versiones hay respecto a su salida. Del lado de la SRE lo acusan de no haber puesto atención al tema del agua. Del lado de quienes trabajaron con Salmerón, remiten a otro tipo de intereses —relacionados con contratos— de parte de la cancillería para deshacerse de él.
En su lugar entró Humberto Marengo, ingeniero de gran prestigio y una larga trayectoria en la CFE. Sólo que su especialidad son las presas y los proyectos hidroeléctricos, no la distribución del agua. Y en estos días, para colmo, su segundo de abordo, Jesús Luévano, fue diagnosticado con COVID-19.
A todo ello se sumó el manejo político y zigzagueante sobre el tema del gobernador de Chihuahua. Javier Corral reclamó que no hubo coordinación con él y enfureció porque le enviaron al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, otorgándole al asunto un trato de seguridad nacional.
Cuando Corral buscó el diálogo, llamó a Ebrard para negociar. La directora de Conagua, Blanca Jiménez, adujo que el gobernador siempre salía con lo mismo y que eran tácticas dilatorias. Sin embargo, hubo un primer acuerdo que Corral no cumplió a cabalidad. Vino la toma de La Boquilla y el rompimiento. A como van las cosas, la solución estaría —es lo que se está negociando ahorita con EU— en una Acta Contingente (utilizar las aguas internacionales).
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POR MARTHA ANAYA
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