SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

La pregunta de los 8 mil millones

La ociosa y costosísima pregunta solamente servirá para crear otra cortina de humo y ocultar los errores

OPINIÓN

·
José Lafontaine Hamui/ Colaborador/ Opinión El Heraldo de México

Es vergonzoso para quienes nos dedicamos al ejercicio de la profesión jurídica y para todos los mexicanos, el voto de seis de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la constitucionalidad de la pregunta propuesta por el Presidente, objeto de la “consulta popular para enjuiciar a expresidentes”.  Tuvo que ser a iniciativa del Ejecutivo, ya que no alcanzaron a obtener las 1.8 millones de firmas requeridas. La pregunta tal como se planteó resultó inconstitucional, así lo determinó por unanimidad la Corte. Su trabajo consistía en determinar si esa pregunta era constitucional o inconstitucional, nada más. Sin embargo, al estilo de la Consejería Jurídica de la Presidencia, redactaron otra pregunta para congraciarse con el Presidente. La pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se llevan a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, además de absurda, vaga, sin substancia y costosa, de ser respondida afirmativamente por la mayoría, lo que sucederá, no generará acción alguna para iniciar acciones legales contra persona alguna.  No obligará a la fiscalía para investigar. La ociosa y costosísima pregunta, solamente servirá para crear otra cortina de humo y ocultar los errores cometidos por la actual administración y desde luego la errática forma de enfrentar la pandemia. Consultar a los ciudadanos sobre esto, costará más de 8 mil millones de pesos, que deberían ser destinados al sector salud que tanto lo necesita.

 

Someter a consulta si se debe o no juzgar a una persona, sea expresidente o ciudadano común, es violar el derecho fundamental de presunción de inocencia y violenta el debido proceso, es inoperante e irrisorio si quiera hablar de enjuiciar a los “actores políticos del pasado por sus decisiones políticas”, esto no es un derecho, es una burla.  Si existen indicios de delitos cometidos, se tiene que actuar y punto. Para juzgar expresidentes, no se necesitan consultas públicas, no tenemos que gastar más de 8 mil millones de pesos para contestar una pregunta inoperante, es un gasto innecesario. 

Los seis ministros, le sirvieron bien al Presidente, no a México. Una vez más; “la Suprema Corte venció pero no convenció”.  Es lamentable la actuación de seis ministros, se les olvidó que no son subordinados del Ejecutivo. Olvidaron que son la última barrera de defensa de la Constitución; los guardianes del Estado de Derecho. Seis ministros convirtieron al máximo tribunal en una Consejería Jurídica. Con su voto, a esos ministros la historia los juzgará.  Si la pregunta que redactaron tuviera efectos vinculantes y jurídicos, ellos serían los primeros a los que se les deberían aplicar las acciones pertinentes, por la decisión que tomaron, cuyas víctimas somos todos los mexicanos.

 

POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI
ABOGADO
@JOSE_LAFONTAINE