En el agitado siglo XX que viviera nuestro país, se produjeron cuatro renuncias de Presidentes de la República en condiciones diferentes, pero todas ellas —de una u otra forma— tuvieron influencia importante en el proceso histórico.
La primera fue la que Porfirio Díaz presentó después de los Tratados de Ciudad Juárez el 25 de mayo de 1911 y que culminó con la primera victoria de la Revolución democrática, con la elección del presidente Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, quienes amenazados por el “cuartelazo” de Huerta renunciaron el 18 de febrero de 1913; 5 días después fueron asesinados arteramente por Victoriano Huerta con la abyecta participación de Henry Lane Wilson, embajador norteamericano.
Tiempo después Victoriano Huerta cobardemente huyó, no sin antes firmar su renuncia el 15 de julio de 1914 y fueron firmados los Tratados de Teoloyucan, que marcaron el triunfo del Carrancismo y la desaparición del Ejército Federal.
La ultima carta de renuncia la presentó Pascual Ortiz Rubio el 4 de septiembre de 1932, quién participó como el primer candidato del Partido Nacional Revolucionario (PNR), sin embargo, él no ganó las elecciones a su contrincante –el distinguido intelectual— José Vasconcelos, quién lo hizo fue la maquinaria del poder que instaló un nuevo régimen político, que se sustentó en la unificación de las fuerzas armadas de la Revolución y en la composición de todas las fuerzas políticas en ese partido. El invento de Calles fue la piedra angular del desarrollo nacional durante muchos años más. Ortiz Rubio renunció presionado por las divisiones internas del propio partido, que mucho tiene que ver con los principios ideológicos de la Revolución Mexicana.
Desde el primer día de su gobierno, Ortiz Rubio tuvo mala estrella, pues fue herido gravemente minutos después de haber tomado posesión, por un individuo de nombre Daniel Flores, hecho que lo inhabilitó mientras que el país era conducido por el Consejo de Ministros que, claramente estaba dominado por Plutarco Elías Calles, quien, influenciado por el embajador norteamericano Dwight Morrow y por la doctrina económica que sustentaba el secretario de Hacienda, Luis Montes de Oca; dicho Consejo planteó los días 20 de marzo y 25 de abril de 1930, en el Castillo de Chapultepec, la suspensión del reparto de la tierra y, con ello, se dio un grave retroceso al proceso de la Revolución.
Actualmente, las fuerzas de una reacción intransigente y oscurantista vuelven a aparecer, solicitando ahora la renuncia del Presidente López Obrador, lo que es absurdo y prácticamente imposible, pues si bien la Constitución lo permite en sus artículos 73 y 86, quien decide es el Congreso de la Unión —de filiación morenista—.
De lo que se trata es polarizar –aún más— el grave y confuso entramado en el que vivimos. Agréguese a esto, la irritante aprehensión del general Cienfuegos –culpable o no— de lo que se le acusa; el choque absurdo entre los gobernadores de la llamada Alianza Federalista y el Ejecutivo Federal, los problemas sanitarios y de seguridad, la intervención de Congresistas norteamericanos para favorecer a las empresas petroleras trasnacionales, las controvertidas elecciones en Estados Unidos y, en general, la crisis del modelo neoliberal y el surgimiento de liderazgos de claro tinte fascista.
En medio de esto, el Presidente ni puede, ni debe renunciar, ni tampoco ser sujeto de una Revocación de Mandato, pues esta figura constitucional es posterior a su elección como primer mandatario y, por lo tanto, sería violatoria del principio de “no retroactividad” que enmarca el artículo 14 constitucional.
El país tiene que serenarse: el Presidente debe ocuparse con mayor serenidad y ponderación de los problemas con los que atravesamos, pues el enemigo —como siempre— no está adentro de nuestras fronteras. Hay que leer la historia para entender que debemos recomponer nuestro sistema político con una democracia funcional, más allá de los epítetos y de los pleitos callejeros.
Para su destino, México requiere serenidad, patriotismo e inteligencia. La renuncia no es solución.
POR ALFREDO RÍOS CAMARENA
CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO, UNAM
