El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) nuevamente propuso una reforma que modifica sustancialmente la estructura fiscal, financiera, operativa y funcional de otro grupo de organizaciones: las llamadas “donatarias autorizadas”, que son organizaciones civiles que a lo largo de los años se crearon para solventar rezagos educativos, sociales o medioambientales en varias partes del país.
La gran ventaja de la que gozaban estas organizaciones era que no pagaban Impuesto Sobre la Renta (ISR) y que podían emitir recibos deducibles de impuestos, con lo cual muchas veces obtenían donativos para financiar su operación.
La Cruz Roja Mexicana, por ejemplo, es una organización que otorga recibos deducibles de impuestos.
La reforma propuesta por el gobierno es recaudatoria: quiere evitar que se abuse de la figura de los donativos y que, bajo ciertas circunstancias, sí paguen ISR.
Por ejemplo: ya no podrán obtener más de 50 por ciento de sus ingresos por actividades no relacionadas con su objeto social.
Esto podría implicar por ejemplo que, si una organización que ayuda a la preservación de ciertas especies de animales en peligro de extinción obtiene más de la mitad de sus ingresos de donativos que no tuvieron nada que ver con esa actividad, la autoridad fiscal (el SAT, de Raquel Buenrostro), podrá quitarles la anuencia para continuar siendo donataria autorizada.
Esta reforma ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y ayer se discutía en el Senado. Su aprobación parecía inminente.
Algunas estimaciones hablan de que el gobierno podría obtener hasta 40 mil millones de pesos adicionales de recaudación cuando esto se apruebe.
Sin embargo, las organizaciones se han manifestado en contra de estas reformas aduciendo que en realidad el gobierno obtendrá una contribución “marginal” y que, de aprobarse, se estará dinamitando tanto su certeza jurídica y como sus derechos fundamentales, porque quedará a discreción de la autoridad fiscal la revocación de las autorizaciones para continuar siendo donatarias autorizadas.
Si el gobierno desea que esta reforma se apruebe sin afectar a los beneficiarios de las actividades de las donatarias, debería presentar un plan amplio que genere incentivos para que la sociedad civil pueda continuar aportando recurso a causas nobles.
Eso neutralizaría las inquietudes del sector, devolviendo incentivos y certeza jurídica, y preservando el espíritu de los apoyos que muchas personas auténticamente desean dar.
COCA-COLA FEMSA
La gigantesca embotelladora, que encabeza John Santa María, dijo que logró incrementar 5.9 por ciento su utilidad operativa en México durante el tercer trimestre del año, lo que ayudó a equilibrar la caída de 4.1 por ciento en el volumen consolidado. Y donde sí experimentó crecimiento en volumen fue en Brasil.
POR CARLOS MOTA
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