El próximo 3 de noviembre tendrá lugar una elección de enorme trascendencia para nuestro futuro político. No me refiero ahora al proceso electoral en Estados Unidos, sino a otro que se llevará a cabo el mismo día: el del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Se trata de una elección trascendente porque, como último árbitro en materia electoral, esa instancia habrá de dirimir las diferencias que se presenten durante las elecciones de 2021, en las que se renovará la Cámara y elegirán a 15 gobernadores, y calificará la elección presidencial de 2024.
Una responsabilidad de ese tamaño requiere, desde luego, ser encabezada por una figura con una conducta intachable (no alguien que se gaste el presupuesto en camionetas blindadas).
Sobre todo, por un auténtico juzgador que emita sus fallos de forma consistente y creíble, fuera de arreglos y cálculos políticos.
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Lamentablemente, este no ha sido el caso de Felipe Fuentes Barrera, el actual presidente del Tribunal, quien llegó a ese puesto en enero de 2019. Basta con examinar sus fallos y los de la mayoría del Tribunal bajo su gestión.
En ningún país que se respete el presidente de una instancia jurisdiccional elabora una ponencia -como ocurrió con la que pretendía tirar el proceso interno de Morena-, y la cambia en un sentido opuesto en menos de 24 horas.
Pero el TEPJF comandado por Fuentes parece capaz de eso y más.
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Vamos, ni si quiera logró definir la inconstitucionalidad de la Ley Bonilla, a pesar de haber tenido varias oportunidades para ello; finalmente la Suprema Corte tuvo que hacerlo.
En la oposición, López Obrador y la izquierda fueron víctima de ese Tribunal, pero su presidente hábilmente se ha arreglado hoy con el gobierno. En 2017, por ejemplo, luego de que el TEPJF había considerado que los partidos podían usar sus tiempos de radio y televisión durante las precampañas, cambió de postura con relación a Morena cuando el PRI impugnó y, sorpresivamente, la mayoría cambió de criterio.
Una fuente dentro del propio Tribunal encontró que, entre noviembre de 2016 y septiembre de 2020, ese colegiado incurrió en más de 20 incongruencias graves.
Los ejemplos sobran: en unos casos la violación del principio de laicidad ha dado lugar a la nulidad de una elección, pero en otros no; en unos ha castigado las referencias denigrantes hacia un candidato y las calumnias, en otros no; en unos ha sancionado la entrega de dádivas o despensas, en otros ha sido omiso.
La conducta de Fuentes como magistrado presidente guarda un gran parecido al célebre Groucho Marx: “Si no le gustan estos criterios para juzgar, tengo otros”. Ese parece ser el lema que guía su actuación. Una institución de tanta importancia merece algo más digno.
POR HERNÁN GÓMEZ BRUERA
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