Estamos a un mes y días de que se cumplan dos años de que Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como Presidente de la República y del plazo que él mismo se impuso para sentar las bases de la llamada “cuarta transformación” en México.
Sin embargo, en un balance del propio mandatario, todavía hay muchos pendientes por resolver.
Al menos eso es lo que les hace saber a los integrantes de su gabinete, a quienes un día sí y el otro también pide cuentas sobre los proyectos inconclusos.
De hecho, quienes se han reunido con él en los últimos días lo perciben irritado, más serio que de costumbre y hasta de malas.
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“Yo me podría ir el 1º de enero, pero sé que no está aceitada la maquinaria”, dijo en una reunión del gabinete.
No es para menos. Los pendientes son muchos y los avances muy pocos.
Por ejemplo, de los más de mil bancos del Bienestar que se proyectaron para los primeros dos años de gobierno y que servirán para bajar todos los recursos de los programas sociales, sólo hay 400.
En el caso de obras emblemáticas, como el Tren Maya y el Transístmico, uno de los temas que no ha permito su avance es la falta de estudios de impacto ambiental que están sin entregar en la Secretaría del Medio Ambiente.
No es por falta de voluntad, me dice un funcionario. Lo que están buscando es aminorar los daños que sin duda provocarán en algunas zonas las tan cacareadas obras de este gobierno.
Otro asunto que está atorado es la política de apoyos para el campo, en un tema muy particular: el de los fertilizantes. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no termina por depurar la lista de productos que pueden o no usarse para las producciones agrícolas en México. Un tema que incluso involucra a firmas extranjeras y no se ha resuelto.
En el ámbito de la procuración de justicia, la 4T tiene también grandes pendientes, pero algo que preocupa sobremanera al presidente es el caso Lozoya. Se hizo mucho ruido mediático, pero de un momento a otro se apagó al tema y no hay un solo consignado de los políticos que supuestamente estuvieron involucrados en actos de corrupción.
El caso está empantanado y al primer mandatario, me dicen, no le interesa lo que pase con el ex director de Pemex. En todo caso le interesa que puedan fincarse responsabilidades sobre los demás personajes involucrados.
La Fiscalía, como las demás dependencias, tienen de aquí a noviembre para ir resolviendo sus pendientes, porque de eso dependerá el informe que presentará López Obrador a los mexicanos el 1 de diciembre, cuando cumpla los dos años de haber asumido la Presidencia.
Por cierto, más allá de las cuentas que entregue el mandatario, en la Presidencia me anticipan que en este segundo aniversario no habrá ceremonia ni verbena en el Zócalo capitalino. Por la pandemia, dicen, el mensaje será petit comite en alguno de los patios o salones de Palacio Nacional.
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Me dicen que pudo quedar sepultada cualquier aspiración política del alcalde zacatecano Ulises Mejía Haro por la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que lo acusa de violencia política de género en perjuicio de la síndico Ruth Calderón.
Por donde se le vea, es lamentable que un edil morenista, que llegó con el discurso del cambio, sea el primer funcionario sancionado por violentar a una mujer.
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Pese al repunte de casos y muertes provocadas por Covid-19 en México, el gobierno federal hará todo para evitar que se decrete nuevamente una suspensión generalizada de actividades económicas, incluidas las esenciales.
Lo que sí harán, me dijo un alto funcionario, es endurecer algunas medidas relacionadas con la sana distancia, como la restricción de horarios de giros comerciales.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Quien tarda en dar lo que promete, de lo prometido, se arrepiente.”
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
ALFREDO.GONZALEZ@HERALDODEMEXICO.COM.MX
@ALFREDOLEZ