El Ejército Mexicano tiene como principal objetivo defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, objetivo que, de cumplirse cabalmente, generaría que los ciudadanos tuviéramos la sensación de contar con una institución dedicada a proveer seguridad y darnos certeza de paz y bienestar.
Sin embargo desde hace varias décadas, no ha sido ese el sentir de la mayoría. El ejército se ha mantenido en las planas de la nota roja donde soldados y mandos superiores, se han visto involucrados en abusos de fuerza, violaciones a los derechos humanos o ultrajes a mujeres indefensas. Recordemos por ejemplo el caso de Ernestina Ascención Rosario, mujer nahua de Zongolica, Veracruz que causó la mas alta indignación en la opinión pública. A eso sumemos los casos de extorción y demás que se han ido documentando y de los cuales aun se espera justicia.
Tal vez a partir del pasado 15 de octubre, la historia del ejército mexicano se encamine a la aspiración que tenemos todos de contar con una institución digna de admiración y respeto. Especialmente por la nota que dio la corte de Nueva York sobre la detención del General Salvador Cienfuegos Zepeda, por tres cargos de conspiración para manufacturar, importar y distribuir narcóticos, además de un cargo de lavado de dinero. Estamos ante la primera vez en la historia que se detiene a un exsecretario de la Defensa Nacional.
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Pero ¿quién es este general? Se trata de un militar en retiro que, desde principios de la década pasada, fue asignado a la IX región militar en Acapulco, Guerrero, donde se presume, pudo articularse con otros mandos castrenses, vinculándose a la red que ha sido investigada por estar coludida con distintos cárteles de la droga. Ya en el sexenio de Peña Nieto y con cuatro estrellas, se convirtió en el Secretario de la Defensa Nacional. Más allá del cargo, logró obtener el poder suficiente para controlar y erradicar la delincuencia organizada; sin embargo, a cambio de supuestos sobornos millonarios, facilitó la siembra, producción y distribución de miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a los Estados Unidos, según se desprende de la acusación mencionada por parte de la DEA. En México, a este personaje se le señala por opacidad en el manejo de los recursos financieros, permitir el tráfico de armas, tortura y asesinatos por parte de cárteles y facilitar la transportación para el cargamento de drogas. También de contribuir con la expansión de grupos delictivos y ser uno de los principales vínculos entre miembros del cártel con funcionarios del peñanietismo. Todo un idilio sexenal disfrutó el alto mando del ejército con Peña Nieto.
Como viene sucediendo desde hace mucho tiempo, las fuerzas armadas (evidentemente no todas) han estado bajo el mando de verdaderos delincuentes quiénes, amparados en el poder contribuyeron, no solo a acrecentar acciones delictivas, sino también al abandono del campo. Baste revisar la alarmante caída de la producción agropecuaria al permitir que cientos de hectáreas cambiaran su vocación productiva para la siembra de estupefacientes. Y no nos referimos exclusivamente al cambio de siembra de maíz por amapola, sino también a la extorción a transportistas y comerciantes, el cobro de piso a campesinos y empresarios, así como el robo de recursos naturales. Es decir, quiénes debieran ser los principales defensores de las bases productivas que podrían contribuir al desarrollo del país, son quiénes se han empeñaron en destruirlas. Pongamos un ejemplo claro: para un productor aguacatero de Michoacán o de la Sierra de Guerrero, les resulta más conveniente dejar que se pierda su cosecha a tener que pagar las extorciones que viven por parte de cárteles coludidos con las fuerzas de seguridad y que impiden la transportación de su producto a los mercados nacionales.
Gracias a estos funcionarios creció la delincuencia organizada, desde Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto quiénes en pleno abuso de poder sumergieron a nuestro país en un narcoestado que permea en todos los ámbitos, pero a quiénes más se ha afectado, es a las pequeñas comunidades, a los campesinos e indígenas que, a falta de ingresos y sobre todo de seguridad, han abandonado sus poblaciones migrando y dejando verdaderos pueblos fantasmas, como es el caso de regiones de tierra caliente en Guerrero o del norte del país, configurando una nueva forma de desplazamiento forzado.
No obstante que la detención del General Cienfuegos se perpetra por las autoridades estadounidenses, parece que los mexicanos nos encontramos en una situación favorable en la lucha contra la corrupción. Para los principales afectados de los crímenes cometidos por el ejercito, se puede llegar a generar un resquicio de esperanza. Esta puede ser la primera de muchas detenciones de militares, policías, políticos y funcionarios que, bajo el cobijo de la inmunidad, han deteriorado la seguridad nacional.
Esperemos que el presidente López Obrador asuma que la lucha contra la corrupción no solo emana de las detenciones de los grandes capos (políticos, funcionarios, o de los cárteles), se debe acompañar de una reorientación de la política pública para el campo en la que sea más rentable la producción de alimentos que de estupefacientes. Con voluntad y disposición política, el gobierno podría dar una mirada a los aguacateros de la sierra de Guerrero quiénes de manera organizada, encontraron en los cultivos alternativos, como el aguacate o el durazno, una alternativa de subsistencia que incluso coadyuva en el proceso de pacificación de sus comunidades, en aras de hacer realidad un futuro diferente. Quizá podría lograrse ese futuro si el gobierno de la 4T retoma el diálogo con las organizaciones campesinas que vienen generando desde años atrás el impulso de comunidades productivas y libres de cualquier tipo de violencia. El país así lo requiere.
POR MARCO ANTONIO ORTIZ SALAS
*SECRETARIO GENERAL DE LA COALICIÓN DE ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS, URBANAS Y CAMPESINAS, CODUC A.C.