El pleno de la Suprema Corte de Justicia avaló ayer, por 6 votos contra 5, la constitucionalidad de la solicitud de consulta popular para enjuiciar a los expresidentes(excepto Luis Echeverría). Contrario a la Constitución, para la mayoría de ministros que votó a favor de la consulta, la aplicación de la ley puede someterse a veredicto popular sin que ello vincule a las autoridades competentes. El presidente de la Corte llegó al extremo de argumentar que la consulta sería insumo para el diseño de la política criminal del Estado. En sentido opuesto, los ministros Aguilar, Franco, Pardo, Piña y Láynez sostuvieron la forzosa vinculación de la consulta, la violación a la presunción de inocencia y la improcedencia de la materia a consultar.
El ministro presidente Arturo Zaldívar dio su aval a la consulta basado en su reiterada interpretación del rol político del tribunal constitucional. Para Saldívar, la consulta populares un medio para incorporar a todas las personas al debate público. Para alcanzar tan noble fin,la Corte no debe frustrar los objetivos de la consulta, sino darle cauce para paz y tranquilidad de la sociedad.
Por ello, sostiene, hay consultas “no vinculantes”. Es decir, no importa que no tenga efectos legales, porque cumple una función política de participación ciudadana.
Para Zaldívar, “no se deben cerrar las puertas a la opinión publica por temor a un escenario catastrófico de populismo penal”. Los riesgos de una democracia débil o mal entendida no se solucionan clausurando debates, libertad de expresión o participación ciudadana. En suma, “la Corte debe interpretar de forma expansiva los alcances de la consulta popular para liberar su potencial democrático”.
La postura de inconstitucionalidad fue liderada por el ministro Javier Láynez, quien de entrada aclaró que la consultas previstas en la Constitución están reguladas como forma de participación directa con consecuencias jurídicas claras. Por eso se establecen requisitos de procedencia, porcentaje de firmas ciudadanas, aprobación de mayorías en el Congreso, etc. Si no fueran vinculantes, se podría consultar sobre cualquier cosa, forma de gobierno, impuestos, etc.
Y lo más serio, la investigación de delitos no puede derivarse de opiniones ni presiones, de ahí la importancia de la fiscalía independiente. No se trata de los expresidentes, sino de cualquier persona.
[nota_relacionada id= 1268287]La SCJ debe garantizar el respeto a los derechos humanos de cada ciudadano, aún contra la opinión de las mayorías. Simplemente, la justicia no se consulta.
El ministro Javier Láynez dio verdadera cátedra y sostuvo que los jueces y los fiscales no son nombrados para ganar popularidad. “La Suprema Corte está para salvaguardar la Constitución y no para complacer a las mayorías”. En un día ominoso para la justicia, seis ministros traicionaron su mandato y optaron por la complacencia.
POR VERÓNICA ORTIZ
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