Con la decisión en el pleno de la Cámara de Diputados de desaparecer más de 100 fideicomisos públicos, con la justificación de reordenar el caos existente en la asignación de recursos, se da cumplimiento a lo prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante una ola de reclamos y protestas de actores de la academia, cine, cultura, comunidad científica, deportiva, ambiental, entre otros.
Lo anterior, no sólo al cierre del flujo de recursos públicos para el desarrollo de diversos proyectos multisectoriales, sino también a las sospechas justificadas de discrecionalidad y opacidad en el manejo de recursos que la reforma a la ley conlleva. Si bien en la exposición de motivos se menciona que los recursos que se obtengan con esta modificación se utilizarán para atender los efectos y consecuencias de la pandemia y programas sociales, la realidad es que en el articulado, el tema no se desarrolla y queda en un vacío.
No obstante, de acuerdo con la Ley de Ingresos, los recursos que provienen de fideicomisos se pueden reasignar en infraestructura y para el pago de deuda pública, lo que facilita a que sean utilizados para intentar costear proyectos como el rescate de Pemex o la construcción de la refinería en Dos Bocas, y con ello, la atención de pacientes, profesionales de la salud y sus familias a causa de la pandemia podría quedar sólo en buenos deseos.
Por otra parte, es importante aclarar que no todos los recursos que los fideicomisos manejan son de origen público, muchos reciben donaciones privadas para el desarrollo de proyectos específicos, que, si bien no son restringidos por esta modificación a la ley, tampoco significa que no conlleve consecuencias. A partir de la existencia de un fideicomiso se garantiza el flujo de capital, y con ello, la certidumbre para donatarios privados que decidan invertir y participar.
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Esa certidumbre la dan los comités técnicos compuestos por funcionarios públicos y particulares especializados que se encargan de vigilar, incluso auditar, el buen manejo de los presupuestos, pero con esta extinción, esos beneficios de seguridad, transparencia y vigilancia desaparecen de tajo.
Esto propicia controles absolutos por parte del Estado y la redundancia en la asignación presupuestaria, lo que abre la puerta a la discrecionalidad. Las reglas de operación que rigen el actuar de organismos colegiados se reemplazan con las decisiones de uno sólo. Esto se ve reflejado en la ausencia de mecanismos de transparencia en las nuevas partidas que debieran sustituir a las actuales.
Nos encontramos más ante una decisión político-electoral que una basada en la comprensión de las necesidades primarias más urgentes de los mexicanos. Una forma más de sangrar al erario para sufragar proyectos de infraestructura y políticas asistencialistas de miles de millones de pesos en un esquema contradictorio de austeridad republicana.
Esta decisión muy probablemente acarreará una serie de impugnaciones, en muchos casos seguramente justificadas, por lo que esto es sólo el inicio. Para seguir con detenimiento…
Por Azul Etcheverry
aetcheverryaranda@gmail.com
@azuletcheverry