En este espacio le comenté del caso de la minera San Pedro Resources, ubicada en Zacatecas, misma que por una decisión judicial está a punto de volver a casa y retirar su inversión del estado que gobierna Alejandro Tello Cristerna.
Se trata de un tema que data del 2006, cuando el entonces dueño de la concesión, Javier Martínez Lomas, celebró un contrato donde a este se le pagarían 2 mil 500 dólares mensuales o una regalía del 3% de la venta de los minerales extraídos.
Pero la realidad es que la mina nunca produjo nada y, a pesar de que el contrato estaba sujeto a exploración y explotación, la empresa fue demandada y el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón determinó la irrisoria multa de 23 millones de dólares en contra de la firma por daños y perjuicios.
Pues le cuento que la empresa ha movido cielo mar y tierra, y agotado hasta la última instancia legal para no tener que declararse en bancarrota y retirar su inversión del municipio, cuyo alcalde es José Alfredo González Perales.
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Y es que tanto en México como en el mundo no existe precedente de una condena que pueda ser mayor que el monto pactado como precio para adquirir la concesión de la mina; además que la compensación es varias veces mayor que cualquier ingreso que la regalía hubiera podido o pudiera producir.
Ante esto, la decisión de 60 familias que dependen de la actividad de la mina, así como cientos de empleos indirectos en la región, ahora está en manos del magistrado Francisco Saldaña Arrambide del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito de Torreón, bajo el amparo en revisión 106/2020.
Urgen medidas contracíclicas
Es incuestionable que la pandemia de COVID-19 ha afectado de diversas formas y su impacto puso contra las cuerdas a las economías de todo el mundo. Si nos remitimos a la zona de Latinoamérica y El Caribe la situación es más dramática: por un lado, se prevé un incremento de 35% en la población en situación de pobreza, y se estima que casi 3 millones de micro, pequeñas y medianas empresas desaparecerán.
Un estudio denominado “Impacto del COVID 19 por Industria en Latinoamérica y El Caribe” de la firma Marsh & McLennan destaca que más de 50% de las empresas tienen previsto una reducción de ingresos entre 15 y 25 por ciento.
Esta compañía, líder global en riesgos, estrategia y capital humano que en Latinoamérica y El Caribe lidera Ricardo Brockmann, está trabajando con gobiernos y sector empresarial en más de 40 países para diseñar soluciones que contribuyan a la mitigación del riesgo pandémico y la aceleración de la recuperación económica y social.
En México, Marsh & McLennan ofreció su apoyo a las autoridades competentes para abrir el diálogo con el sector privado, con el principal objetivo de desarrollar este tipo de soluciones de riesgo pandémico; es decir, soluciones específicas para nuestra realidad local que puedan mitigar las enormes pérdidas y crear sociedades más resilientes.Y es que sin duda, en el país la apertura al diálogo puede ser la llave superar este amargo momento.
Cash
El Consejo Regulador del Mezcal que encabeza Hipócrates Nolasco busca el piso parejo en la tributación de IEPS, por lo que ve con buenos ojos la iniciativa del diputado Iván Arturo Pérez Negrón ante el Congreso de la Unión, en la que se propone una tarifa fija de 1.75 UMAS ($86.88) por litro de alcohol puro, es decir, de acuerdo a la graduación alcohólica de la bebida y no por un porcentaje del costo como sucede actualmente.
Esto mejoraría las condiciones de comercialización y buscaría que el impuesto realmente cumpla su función de inhibir un alto consumo de alcohol, además de aumentar la recaudación entre 15 mil y 20 mil millones de pesos.
Por Milén Merida
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