Sorprendió mucho (al menos a mí) la decisión de la Corte de autorizar la consulta popular del Presidente. Los efectos de ello son graves, tanto por la manipulación que permitirá de la justicia a lo largo de todo el sexenio, como por la posible intromisión del Ejecutivo en el proceso electoral. De la oposición en el Senado depende si le concederán a AMLO que además la consulta se lleve a cabo el día de la jornada electoral (como dice una Ley anacrónica, de 2014) o en agosto (como lo manda la Constitución, reformada para estos efectos en diciembre de 2019). Lo primero ya lo ha propuesto Ricardo Monreal secundado por el propio Presidente. Lo segundo, además de ser lo que exige la Carta Magna, lo defiende, entre otros, el presidente del INE, Lorenzo Córdova.
El Congreso tiene dos opciones. Hacer los cambios a la Ley Federal de Consulta Popular para confirmar la fecha de agosto y así cumplir la Constitución, o reformar esta última otra vez para darle gusto al deseo de Palacio. En este caso, avalarían que el día que vayamos a votar por todos los cargos de elección popular en junio de 2021, lo hagamos al tiempo que leemos en una boleta una frase que todo mundo interpretará como “la consulta de AMLO para enjuiciar a los expresidentes.” Vaya desastre para la equidad electoral. Y vaya precedente para la integridad de la democracia. Habiendo claudicado la Corte a jugar su papel de defensor de la Constitución, queda en manos de un puñado de legisladores formar un último dique a esta nueva concentración del poder en manos del Ejecutivo.
El mismo propósito político tiene la desaparición de los fideicomisos, ya avalada por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, y en camino similar en el Senado. Aquí solamente se trata de un cambio legal, por lo que no se requiere del apoyo de la oposición. Pero lo que anima esta estrategia no es muy distinto. El gobierno de AMLO ha resultado, a nivel federal, un genuino desastre en materia de política pública; mucho peor que lo que podía esperarse después de un desempeño más bien anodino en 2000-2005 en Ciudad de México. Pero de lo que sí entiende el inquilino de Palacio es de control político. Así que si las cuentas no le salen a Hacienda para cuadrar el presupuesto, la pincelada de talento es contundente: cerremos los fideicomisos, llevemos los fondos a la Tesorería de la Federación, prometamos que se mantendrán los beneficios que se justifiquen, y gastemos todo ello con la máxima discrecionalidad posible.
La narrativa de justificación, además, cierra el círculo de la centralización: “eran corruptos”. Poco importa demostrarlo o denunciarlo, basta con enunciarlo desde el púlpito en mañanera tras mañanera. Empujar para que se logren los votos, y disfrutar los frutos de un nuevo lance de retroceso democrático, además del pernicioso efecto en la ciencia, las artes, la cultura, el desarrollo y el cada vez más lejano tránsito a un país de instituciones. Qué caro saldrá todo esto. Ojalá que en el Senado, de cara a la consulta, se encuentren los arrestos democráticos que no se encontraron en la disminuida Corte. No es menor lo que está en juego.
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Por Alejandro Poiré
Decano Ciencias Sociales y Gobierno Tecnológico de Monterrey
@AlejandroPoire