Mal y de malas en el sindicato petrolero, tras el reconocimiento de la Secretaría del Trabajo a Manuel Limón Hernández como dirigente nacional del gremio y hombre de todas las confianzas del exdirigente Carlos Romero Deschamps, quien renunció el pasado 16 de octubre y de quien, por cierto, nada se sabe. Limón Hernández es diputado federal priísta y fungía como secretario del interior del sindicato, es decir, nada nuevo al frente del poderoso organismo. En el año 2000, Limón Hernández estuvo ligado al Pemexgate, el desvío de 500 millones de pesos del sindicato a la campaña presidencial del entonces candidato priísta Francisco Labastida Ochoa. Por lo visto, más de lo mismo en el sindicato.
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Con la novedad de que Napoleón Gómez Urrutia podría enfrentar un juicio de desafuero por haber utilizado su pasaporte canadiense para salir del país el 2 de enero, cuando junto con su esposa viajó a Vancouver, Canadá, lo que demuestra que el líder minero mantiene la nacionalidad de ese país, hecho que la Constitución prohíbe a los mexicanos que detentan un puesto de elección popular.
Napito tuvo que huir a Canadá cuando se le acusó del desvío de 55 mdd del sindicato minero. En 2014 recibió la nacionalidad canadiense a la cual, según él, renunció en 2018 cuando regresó a México, pero salir del país con pasaporte canadiense contradice su dicho y parece que hay quien va a pedir su desafuero.
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Condicionar la entrega del cuerpo de un fallecido a cambio del cobro de estudios que nunca se le practicaron al paciente antes de morir, negar intervenciones quirúrgicas ya programadas por falta de cirujanos, enviar a los familiares de los enfermos a comprar medicamentos porque el sistema no los cubre, son parte de la realidad para millones de mexicanos de escasos recursos en el “nuevo” sistema de salud que sustituyó al Seguro Popular, por lo cual decidió sustituirlo por el Insabi, que parece ser sólo más de lo mismo, pero con otro nombre y con cuotas más altas. ¿No que primero los pobres?
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La denuncia de la UIF contra Édgar Elías Azar, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, es otro botón de muestra de que son muchos los ex funcionarios capitalinos que deberán estar más que preocupados tramitando amparos. Al ex presidente del TSJ capitalino le hallaron inmuebles por 78 millones de pesos, que para nada se justifican con sus ingresos como servidor público.
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El incidente del lunes en Morelos, donde un policía estatal desenfundó su arma para amedrentar a un grupo de lugareños que a gritos exigían la atención de López Obrador, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de estructurar un sistema de seguridad del mandatario durante sus giras. Es urgente reconocer que no todo en México es “pueblo bueno” y que pueda ser víctima potencial de hechos lamentables, como lo vimos con Luis Donaldo Colosio en 1994.
POR ENRIQUE MUÑOZ RAMÍREZ
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