Hace dos años era impensable que la construcción de una planta de Ford en San Luis Potosí iba a terminar en un literal cementerio, el gobernador Juan Manuel Carreras ya alistaba el corte de listones para que el proyecto arrancara en 2018, pero de un momento a otro, la armadora decidió cancelar el proyecto.
Las amenazas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fue el ingrediente que acabó con el sueño de poner en marcha un proyecto que iba a generar 2,800 empleos.
El góber confiesa que sudó frío, seis meses duró el estire y afloje de la negociación; pero él la define como una operación cicatriz en donde no se tuvo que recurrir al pago de un ejército de abogados externos; pese a que desde el despacho de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que aún comandaba José Antonio Meade, le daban pocas esperanzas de obtener el pago por indemnización.
En ese entonces, Carreras López como buen abogado de la Escuela Libre de Derecho tenía en la mente tres cosas: que Ford le devolviera las 280 hectáreas, que pagara por la indemnización de la planta cancelada y no obtener menos de 65 millones de dólares (unos 1,200 millones de pesos).
Relata que fueron momentos álgidos, la presión del tratado comercial comenzaba, Trump empezó a enrarecer el mundo de los negocios en México.
Finalmente “en el mundo de los negocios te encuentras cosas como éstas”, dice el gobernador que después de haber llegado a un acuerdo, se dio un apretón de manos con los ejecutivos de la armadora estadounidense y a los tres días el CFO de la armadora estadounidense hizo la transferencia.
Pero ¿qué pasó con esos 65 millones de dólares? Como dice… ya es “toro pasado”; recuerda que se quedaron con la tierra ociosa y prefirió comprarla y ponerla en venta para evitar sobreprecios. Ése fue el costo más alto. Hoy el predio tiene un valor de 2,500 millones de dólares.
Del dinero que se pagó al terreno, quedaron unos 300 millones de pesos que se invirtieron en salud, monto que se tradujo en mayor número de atención a la población en hospitales y compra de medicamentos. Después de Ford llegaron 80 empresas al estado.
¿Y LOS TRABAJADORES?
En el Instituto Fonacot cada vez es más evidente que para crear el Fondo de Protección de Pagos no se contó con los conocimientos, estudios técnicos, ni cálculos actuariales necesarios para diseñarlo y echarlo a andar con apego a la legalidad. Resulta que el equipo de Alberto Ortiz Bolaños se comprometió a manejar las aportaciones de los acreditados mediante cuentas individualizadas; sin embargo, existen evidencias de que para poder cubrir los siniestros ha incurrido en actos de mutualidad, es decir, ha echado mano de los montos de otros trabajadores para tener suficiencia de recursos. Con esta falta no solo quebranta sus propios Lineamientos y Reglas de Operación, además violenta la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, hecho por el que nadie se explica en qué momento intervendrá Hacienda, de Arturo Herrera.
POR ENGGE CHAVARRÍA
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