La justicia tardó casi una década, pero finalmente alcanzó a una de las familias mexicanas más conocidas en el mercado negro de órganos humanos. Ocurrió el 22 de octubre pasado en Mexicali, Baja California: el doctor Antonio Méndez Gutiérrez y sus dos hijos, Antonio y David Méndez Noble, fueron sorprendidos por agentes federales que los presentaron ante el juzgado por un delito que era un viejo rumor en la ciudad: los tres revendían córneas.
La historia de estos oftalmólogos traficantes podría iniciar en 2006, cuando comenzaron a llegar pacientes de diferentes partes del mundo a un edificio de dos plantas y recubierto con mármol falso: el Instituto de la Visión Dr. Méndez. Entre susurros y eufemismos, se corrió la voz de que el fundador y sus hijos eran capaces de restablecer la vista a cualquier persona. Unos verdaderos creadores de milagros.
Pero no era su talento lo que devolvía la vista a sus pacientes, sino una compleja red clandestina de trasplantes. Según las primeras indagatorias, los tres médicos compraban córneas de personas ya fallecidas en hospitales de San Diego, California, y sin los permisos debidos los trasladaban hasta Mexicali para trasplantarlos en pacientes vivos.
Durante años los Méndez pudieron operar ese millonario negocio hasta que los pacientes que antes los alababan comenzaron a dudar de sus supuestas manos milagrosas. Debido a que el traslado de las córneas se hacía sin los estrictos controles de seguridad que demanda un trasplante legal, los cuerpos de los pacientes rechazaron los nuevos órganos. Hasta hoy es incalculable el daño que causaron los Méndez a sus pacientes, que no sólo fueron estafados por miles de dólares, sino que nunca recuperaron plenamente la vista.
Temerosos por tener que admitir que ellos estuvieron en el otro extremo de la red del tráfico de córneas, ningún paciente denunció. Hasta que en 2010 la culpa desbordó a Gontran Méndez Noble y acudió a las autoridades a denunciar a su papá y sus dos hermanos.
Casi una década después, los tres han caído gracias a un importante trabajo de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Fiscalía General de la República. Desgraciadamente serán juzgados con la ley que estaba vigente cuando los denunciaron. Eso significa que pueden llevar su proceso en libertad y que su máxima pena será de 17 años para cada uno.
Algo muy distinto les sucederá a los traficantes de órganos que hoy sean denunciados y que inevitablemente caerán. La ley actual les augura que ninguna fianza les alcanzará para recuperar su libertad y que se harán viejos en una prisión por una sentencia de hasta 40 años.
La sociedad tiene los ojos bien abiertos para identificar a los traficantes y llevarlos ante la justicia. No tengan duda: somos la mirada afilada de sus pacientes que ya no pueden ver y somos los ojos que les seguirán a donde vayan.
POR ROSI OROZCO
COLABORADORA
@ROSIOROZCO
eadp