Actualmente se estima que el robo de identidad ocasiona pérdidas a los mexicanos por alrededor de 2 mil 288 millones de pesos, colocando a nuestro país en el octavo lugar a nivel mundial en este delito.
De la totalidad de denuncias por apertura de cuentas bancarias falsas, líneas de crédito no solicitadas, sobregiros de tarjetas y compras no autorizadas, se atienden menos de la mitad.
Del mismo modo, son muchos los programas de gobierno susceptibles a irregularidades en sus padrones de beneficiarios.
Para combatir este problema, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha solicitado al Instituto Nacional Electoral (INE) los datos biométricos que servirían para identificar a más de 90 millones de mexicanos. Hablamos del registro de rostros, huellas dactilares y retinas a los que el aparato gubernamental pretende tener acceso, con el objetivo de expedir una cédula única de identidad.
Está bien que quieran atacar el problema, lo que no se vale es que se aprovechen de un problema pensando en un beneficio electoral a corto y mediano plazo.
Parte de la razón de ser del INE es contar con un padrón legítimo de electores, para prevenir prácticas fraudulentas como el voto de personas fallecidas o duplicadas.
Es crucial que estos registros permanezcan en manos de un órgano autónomo para evitar su uso político y los abusos por parte del partido en turno desde el gobierno.
Ante la negativa del Instituto Electoral para proporcionar los datos biométricos de los ciudadanos, la 4T ya anunció la puesta en marcha de su propio registro. Invertirán más de 600 millones de pesos en software de captura e identificación de personas, provocando con ello justificadas suspicacias; para un gobierno que predica austeridad esto no es ni viable, ni congruente.
Primero, porque dicho padrón ya existe, invertir en uno nuevo implica un doble gasto para el gobierno. El presidente de la Comisión del Registro de Electores, Marco Antonio Baños, ya propuso la alternativa: establecer un convenio Segob- INE para que el Instituto proporcione los datos y añada los necesarios en la credencial para votar; además de expedir cédulas para menores de edad. Con esto se resuelve gran parte del problema y además se evita que los registros biométricos caigan en manos equivocadas.
Segundo, se pondrían dos credenciales a competir de manera innecesaria, con lo que se añade una nueva capa en la de por sí ya gruesa burocracia mexicana.
No es la primera vez que un gobierno pretende tener acceso a estos delicados registros. En su momento, gobiernos del PRI y del PAN lo intentaron sin éxito por la firme oposición. En cambio, este gobierno creará su propia base de datos y planea completarla en no más de 3 años (coincide muy oportunamente con las próximas elecciones).
Tenemos que estar atentos ante este intento de la 4T por adueñarse de información que, por un lado, puede ser una invasión de nuestra privacidad, y por el otro, un enorme riesgo para nuestra democracia que, al parecer, pretenden socavar.
POR GINA TRUJILLO
COLABORADORA
@GINATRUJILLOZ
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