Las instituciones de la democracia mexicana se construyeron a partir de la desconfianza existente en la clase política y su tradición autoritaria de décadas. Más que un proceso natural de desarrollo democrático, la experiencia en nuestro país nos obligó a crear organismos capaces de contener la ambición propia de políticos formados en un sistema que reconocía lealtades y subordinaciones, antes que valores propios de un Estado de derecho basado en leyes y en la práctica de las mismas.
Esto es lo que explica lo costoso de instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Las resistencias del autoritarismo hicieron chocar una y otra vez las atribuciones de éstas, con los intereses políticos y económicos de los beneficiados con el Estado surgido de la institucionalización de la llamada Revolución Mexicana.
El triunfo de Andrés Manuel López Obrador y Morena revivieron a ese muerto llamado “nacionalismo revolucionario”, dándole vida también al discurso de los “amigos y enemigos del pueblo”, propio del régimen priista tradicional.
En este modelo, que trata de hacer compatible principios neoliberales, como finanzas públicas sanas, tipo de cambio estable y libre comercio internacional, junto con Estado rector de la economía, presidencialismo absoluto y centralización de la vida política nacional, las instituciones cuyo objetivo es contener el poder del Ejecutivo federal y los intereses de su entorno, no tienen viabilidad alguna.
Por ello, la urgente necesidad de nombrar personajes afines a la administración morenista para garantizar que los intereses de los órganos autónomos se subordinen totalmente al mandato presidencial, bajo el supuesto de que éste presidencialismo sí es honrado y “democrático”, mientras que todo lo otro era únicamente simulación para beneficiar a corruptos y poderosos.
Pero cambiar instituciones o anular aquellas que pretendían salvaguardar equilibrios políticos y económicos, puede llevar a una parálisis de gobierno ante la imposibilidad de poner en marcha otros organismos poseedores de legitimidad democrática que sirvan para gobernar al país.
Acabar con la autonomía del INE representaría no solamente retornar al pasado autoritario, sino desatar fuerzas que, ante la ausencia de una competencia político-electoral con reglas satisfactorias para todos, abra el paso a la violencia, basada en la falta de opciones y en la descalificación de gobiernos elegidos de manera ilegitima.
La sustitución de instituciones es válida cuando éstas dejan de servir para el propósito con el que se fundan, y no cuando su funcionamiento evita el abuso o la desmesurada concentración de poder. Es esto lo que vivimos en México en este momento.
POR EZRA SHABOT
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